Cuenta de ahorro programada de la Ley 189-11  servirá como aval del crédito

Cuenta de ahorro programada de la Ley 189-11  servirá como aval del crédito

Cientos de trabajadores, tanto del sector informal como formal, no tienen historial de crédito que les permita adquirir un préstamo hipotecario a largo plazo en las condiciones actuales del sistema bancario. Sin embargo, la ley sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso permite un ahorro programado que servirá como aval para este tipo de trabajadores.

La vicepresidenta de Consultoría Jurídica del Centro Financiero BHD, Shirley Acosta, explicó que la Ley  189-11 crea la herramienta de Cuenta de Ahorro Programada, similar a las cuentas de ahorros de los bancos, pero donde estos no pueden cobrar ninguna comisión y es solo para ahorrar el inicial de una vivienda.

Destacó que la ley protege esos fondos y estos no pueden ser embargados por ninguna situación. También establece que estos recursos van a tener una rentabilidad más alta que la libreta de ahorro común.

Además, los trabajadores formales, en común acuerdo con la empresa donde laboran, podrán solicitar que les descuenten automáticamente el monto que desea ahorrar de su salario para depositarlo en la libreta de ahorro programado en la entidad financiera que considere.

Acosta añadió que la ley prevé que esta cuenta se abra entre esposos, hermanos, hijos y otros familiares cercanos.

“Inmediatamente la persona ahorró en esa cuenta programada por 18, 20 o 24 meses sin interrupciones estará aprobado el préstamo sin ningún problema e inconveniente”, dijo Acosta al participar en el Encuentro Económico de HOY, junto a Gustavo Vergara, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Fiduciaria BHD.

Ambos explicaron que a esta cuenta programada se pueden depositar otros ahorros que la persona tenga en entidades financieras.

Destacaron que este instrumento también puede ser aprovechado por las empresas para construir proyectos hipotecarios para sus empleados.

Vergara dijo que una empresa en San Pedro de Macorís está construyendo 800 unidades de viviendas y el principal objetivo es beneficiar a los empleados a través de un fideicomiso.

Acosta expresó que la tendencia a nivel global es la construcción de proyectos inmobiliarios en función del sector público y privado.

“Nosotros estamos impulsando y el Estado debe impulsarlo, que no se construya solamente un proyecto sino un hábitat, o sea un lugar donde las personas tengan todo. En otros países lo que se usa son los mega proyectos, donde se juntan varios constructores y hay guarderías y la parte pública hace el hospital, escuelas, sistema de transporte y zonas francas”, manifestó Acosta.

El fideicomiso. El gerente general de la Fiduciaria BHD destacó el papel que ha jugado el fideicomiso en otros países.

Vergara citó el ejemplo de Colombia, donde  los fideicomisos representan el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Puntualizó que el PIB de Colombia es de aproximadamente 420 mil millones de dólares, por lo que se manejan unos 120 mil millones de dólares en fideicomisos, de los cuales 50 mil millones de dólares lo maneja el Estado.

Herramienta  transparencia a nivel público

El fideicomiso contribuirá a transparentar las operaciones del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con la utilización de recursos específicos, según afirmaron Shirley Acosta y Gustavo Vergara.

Acosta dijo que esta ley no es solo para ser aprovechada por el sector privado y generar riquezas sino que es una oportunidad para el sector público para mover toda la economía y presentar con transparencia todo su accionar.

Manifestó que el fideicomiso puede ser utilizado en el otorgamiento de concesiones, administrar recursos específicos, como los peajes, administrar determinadas recaudaciones que van a lograr una meta especifica, entre otros.   

Puso como ejemplo la administración del 4% del PIB para la educación, para lo cual se puede abrir una licitación entre las fiduciarias para lograr que cuando se desarrollen infraestructuras y programas haya transparencia garantizada.

Acosta explicó que en otros países existen leyes que obligan al Estado a que todos los fondos que se invierta en obras de infraestructura pública tienen que ser canalizados y administrados vía el fideicomiso.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas