La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrada Vanessa Acosta, sostuvo que el acoso sexual y laboral constituyen graves violaciones a los derechos fundamentales, por lo que el Poder Judicial dominicano asumió el compromiso de afrontar esa conducta a través del Protocolo contra la Violencia, Discriminación y Acoso en ese poder del Estado.  

Indicó que mediante ese instrumento el Poder Judicial promueve establecer y mantener un ambiente laboral que favorezca las relaciones de trabajo armoniosas y productivas, que afiancen el respeto mutuo y la dignidad humana de las personas.  

“Es oportuno señalar que el acoso sexual está presente en muchos ámbitos de la vida de una persona, pero tiene una particular relevancia en el ámbito laboral por la afectación y degradación que sufre la persona que lo enfrenta. En esto reside la importancia de prevenir, tratar, investigar, sancionar y erradicar dicha forma de violencia y agresión”, señaló la también subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género en el Poder Judicial.  

Acosta apuntó que el protocolo es el fruto del trabajo realizado por la Comisión para la Igualdad de Género en conjunto con la Dirección de Justicia Inclusiva, la Dirección de Gestión Humana, la Inspectoría General y la Dirección Legal del Poder Judicial.  

Dijo que el protocolo es aplicable a jueces y juezas, servidores/as judiciales, personas colaboradoras del Poder Judicial. Indicó que el objetivo de esta norma interna es propiciar un entorno social y laboral saludable, libre de hostigamiento, de discriminación, de acoso sexual y laboral, mediante la aplicación de medidas preventivas, así como responder de manera efectiva en los casos que lleguen a producirse.  

La magistrada Acosta ofreció la información durante el programa de formación “Fortalecer las competencias en el diálogo social, negociación colectiva y resolución de conflictos en la República Dominicana”, coordinado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  

El objetivo de este programa de formación es reforzar las capacidades de los gobiernos y actores sociales de República Dominicana a los bloques más importantes para el desarrollo de conocimientos y competencias fundamentales para procesos de conciliación/mediación y resolución de conflictos laborales.