En 2023 el monto promedio mensual de los depósitos embargados o congelados en entidades financieras superó los RD$26.6 mil millones, colocados en 157,160 cuentas en 28 entidades de intermediación financiera.

Dado el impacto de esto en la economía y en los usuarios la Superintendencia de Bancos (SB) remitió a la oficina de la senadora Faride Raful, en su condición de miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esa cámara legislativa, observaciones sobre la legislación vigente en materia de embargo retentivo y la oposición en República Dominicana. 

La SB procura una mayor protección de los intereses de los depositantes y el sano funcionamiento del sistema financiero, tomando en cuenta que el uso desmesurado de estas figuras puede impactar severamente las finanzas particulares y colectivas de personas físicas y jurídicas.

Puede leer: Experto en estrategia política resalta voto de perremeistas del pasado domingo

Las propuestas del ente supervisor, elaboradas a petición del equipo de Raful, resaltan la necesidad de establecer mecanismos que prevengan cualquier abuso y aseguren la aplicación legítima del embargo retentivo y la oposición, pues el marco jurídico actual carece de sanciones claras ante usos indebidos de estas herramientas.  

La SB advirtió que para lograr estas mejoras será necesario modificar aspectos contenidos en el Código Civil Dominicano, el Código de Procedimiento Civil, la Ley 834-78, que modifica el Código de Procedimiento Civil, y la Ley 396-19 sobre el Otorgamiento de Fuerza Pública para llevar a cabo medidas Conservatorias y Ejecutorias, entre otras disposiciones. 

La Consultoría Jurídica de la SB, con el apoyo de asesores nacionales e internacionales, concluyó como imperativo que la legislación sea dotada de suficiente claridad y precisión para establecer la distinción entre oposición simple y embargo retentivo, respaldado con documentación y pruebas sólidas, así como la protección de bienes incorpóreos o intangibles. Enfatizó la urgencia de revisar y actualizar la legislación vigente, para asegurar un sistema legal equitativo y transparente