Mermado considerablemente en la captación de tributos por más de una causa importante tiene sentido que el Estado auspicie una legislación para beneficiar a determinados contribuyentes con un borrón parcial de obligaciones retardadas, una amnistía para no perderlo todo. Un parche de corto efecto, por cierto, a partir de una realidad que ha ganado permanencia: la presión fiscal dominicana es inferior al 16%, y el promedio para América Latina ronda el 22.8%, un continente constituido por países de un crecimiento económico menor al de este país. A veces demasiado menor.

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Pero, evidentemente menos vulnerables a los escapes gracias a estructuras recaudadoras basadas en leyes racionales, equitativas y a tono con los tiempos para gravar en la medida que corresponde las utilidades de sectores productivos y áreas de negocios y servicios. Nadie en el Gobierno podría dar fe de que ejercicios profesionales muy lucrativos y no fiscalizados nutren al erario con sujeción a tasas establecidas. Exenciones declaradas o de callada » vista gorda» a empresarios extranjeros del comercio generan competencia desleal. Y la adquisición de autos lujosos es ampliamente posible por el tráfico congresual de exoneraciones, de a dos anuales a cada legislador. Postergar la reforma fiscal con obligación de transparencia en el gasto público es costumbre inveterada de gobiernos acomodadizos. ¡La política compay! A más elecciones y pasión por cargos, más renuencia a cambios fundamentales.