Sonados casos como la muerte del coronel Daniel Ramos Álvarez en un presunto punto de drogas en Baní, la explosión en la empresa Polyplas, el tiroteo en Capotillo que terminó con la vida de dos vendedores de piña y el decomiso de 1,000 kilos de cocaína en el puerto de Haina Oriental son solo algunos de los expedientes que el Ministerio Público conserva en la gaveta de “bajo investigación”.
Asimismo, se esperan las conclusiones del órgano persecutor de la justicia sobre la suspensión de 19 empleados de la Jurisdicción Inmobiliaria por alegada falsificación de títulos y la fortuna no declarada del destituido director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña.
Algunos de estos escándalos tuvieron lugar hace pocos meses y, por tanto, aún permanecen dentro del plazo “razonable” de investigación y otro apunta a cumplir dos años manteniendo desconcertada a una ciudadanía que desea conocer el siguiente paso de la justicia y no llevarse otra de tantas decepciones.
Sobre el más reciente de ellos, aquel que ha provocado movilizaciones en toda una ciudad y considerables cambios en los organismos de seguridad del país, la muerte del coronel Ramos el pasado 8 de enero, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció tres días después del hecho que designaba a un equipo de investigación conformado por el fiscal titular de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, y los procuradores generales de la Corte de Apelación, Jonathan Baró y Miguel Antonio Ramos, encargados, entre otras cosas, de determinar si hay miembros del MP y de la Policía Nacional al servicio del narcotráfico en Baní.
Sin embargo, las únicas personas imputadas por la muerte del oficial son los presuntos narcotraficantes Rafael Antonio Díaz, alias Buche; Luis Miguel Santana, alias El Chamo; y Steven Ruiz González, alias Chiquito.
Misma causa. También por causa de la lucha contra el narcotráfico, un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizado en el sector Capotillo el 25 de octubre de 2018 derivó en la muerte a tiros de dos comerciantes de piña, hecho por el cual, pese a reiterados reclamos de parte de la sociedad civil, la Fiscalía del Distrito Nacional aún no se ha pronunciado, desconociéndose así el nombre de los agentes que participaron en la operación antidrogas.
En busca de ilícitos penales. Tras la explosión en la empresa de plásticos Polyplas, ocurrida en Villas Agrícolas el pasado 5 de diciembre y que dejó un saldo de ocho muertos y un centenar de heridos, la PGR informó que determinaría si hubo ilícitos penales en este caso para proceder judicialmente, una vez le fuera entregado el informe final del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, documento que fue publicado la semana siguiente a la tragedia.
Una tonelada sin dueño. Por la incautación de mil kilogramos de cocaína que ingresaron al país por el puerto de Haina Oriental el 19 de noviembre del año 2018 fueron detenidas cinco personas, entre ellas, agentes de la DNCD, quienes, de acuerdo al entonces presidente de esa entidad, serían identificados por el Ministerio Público en los días siguientes.
“Estamos trabajando con la Fiscalía. Entendemos que prontamente, en una semana o dos, es posible que ya tengamos un personal identificado formalmente por el Ministerio Público para tomar las acciones de lugar”, señaló en su momento José Eugenio de la Cruz Matos.
Empero, a partir de entonces no se han dado mayores detalles al respecto, sumándose este caso a la lista de hechos perpetrados de manera “anónima”.
Corrupción en la JI. Ante la suspensión y envío a juicio disciplinario de 19 empleados de la Jurisdicción Inmobiliaria (JI) de parte del Consejo del Poder Judicial el 15 de noviembre de 2018, el Ministerio Público comunicó que llevaría a cabo una investigación para “establecer responsabilidades penales y tomar las medidas de lugar” por las presuntas faltas de los empleados de la Dirección de Mensuras Catastrales de la Jurisdicción Inmobiliaria y el Registro Nacional de Títulos.
Para fines de investigación, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, designó una comisión encabezada por el director de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quezada, que analizaría varios documentos que les fueron remitidos desde el Poder Judicial.
Expediente empolvado. El 12 de mayo de 2017 fue destituido de la dirección de la Opret Diandino Peña, de quien se dijo que no había declarado en su patrimonio 28 empresas mientras estuvo en dicho cargo, acto que fue seguido por las declaraciones del director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, quien afirmó que el caso ya había sido remitido al MP.
No obstante, casi dos años después, la población espera las conclusiones de tales investigaciones que parecen estar destinadas al olvido y que ayudarían a las autoridades judiciales a saldar sus cuentas y restaurar su credibilidad.