La ejecución de políticas de saneamiento ambiental y preservación de recursos naturales debe estar sustentada en criterios de continuidad, de seguimiento, que permitan alcanzar las metas con un uso racional de los fondos correspondientes.

Los dominicanos tenemos bastante experiencia en cuanto a lo que significa la discontinuidad en el manejo de asuntos de Estado incluyendo ejecuciones de obras. Obras cuya ejecución ha sido calculada en un costo, cuando se ha paralizado su ejecución han pasado a costar mucho más, como pasó, por ejemplo, con el edificio de la Suprema Corte de Justicia.

En materia de saneamiento ambiental y preservación de recursos naturales las cosas son más graves. La discontinuidad, la intermitencia en la ejecución de proyectos no sólo los encarece y dificulta, sino que empeora enormemente las anomalías que se pretende corregir o eliminar, dificultando las soluciones.

-II-

Un caso típico de esta conducta está reseñado y ampliamente documentado en la página 12 de nuestra edición de ayer. Los altos grados de contaminación en los ríos Isabela y Ozama, y particularmente en la desembocadura y puerto de Santo Domingo.

Desde 1959, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo hizo trasladar hacia Los Mina a los residentes en los barrios Guachupita, Los Guandules y La Ciénaga hasta el año 2000, cuando fue concebido el Rescate Social, Urbano y Ecológico de los Barrios Marginados de Santo Domingo (RESURE) se ha estado hablando y planificando el saneamiento de los ríos Ozama e Isabela, así como la desembocadura, pero ninguno de los programas ha sido concluido como fue concebido y como han determinado los tantos estudios realizados a propósito de los mismos.

¿Cuánto puede haberle costado al erario toda esta discontinuidad, todos estos planes inconclusos? ¿Cuánto se han agravado los problemas de contaminación desde el primer intento de saneamiento?

-III-

Sería prudente que las autoridades valoren los perjuicios ambientales, sociales, ecológicos y económicos que hemos acumulado por no haber saneado a tiempo el Ozama y el Isabela, y que se aplique el mismo procedimiento en lo que concierne al Yaque del Norte.

En ambos casos hay que revestirse del coraje necesario para obligar a quienes arrojan contaminantes a estos ríos a detener su práctica. Ya una vez se intentó, pero el poder de los intereses pudo más que el mismo Estado.

El hecho de no actuar contra este problema ha provocado efectos adversos inclusive para el turismo y la economía. Algunas agencias de cruceros han sacado al puerto de Santo Domingo de sus itinerarios, debido a la contaminación.

Cada una de las iniciativas de saneamiento ha costado dinero, y salvo los estudios correspondientes a cada caso, ningún provecho hemos sacado. Los problemas, particularmente la contaminación, no han sido resueltos y son continuos, mientras el criterio de Estado ha sido discontinuo, y esto tiene graves consecuencias. Que se asuma, de una vez por todas, la responsabilidad de hacer las cosas como se debe.