Las actuaciones del Ministerio Público contra supuestos enriquecimientos ilícitos desde el poder anteriores a este período no aparece ante la opinión pública como dirigido por el Gobierno ni como si lo esencial de las persecuciones fuera dañar la imagen de partido alguno. La autoridad gubernamental está limitada a constituirse en parte civil para reclamar indemnizaciones.
Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana opta por negar que se trate de un ejercicio sin precedente de la independencia de esa rama del Poder Judicial, asumiendo una posición de defensa de los incriminados por sus vínculos partidarios y familiares con la organización y altos dirigentes.
Viendo como desnaturalizados los debidos procesos lo que podría dar motivos a algún recurso de impugnación ante tribunales de alzada que la ley permite y a lo que el PLD podría dar curso para cumplir su decisión de no quedar «cruzado de brazos» y ejerciendo un derecho que le corresponde.
Queda claro, no obstante, que la relación con la política de los exfuncionarios encausados no los hace judicialmente intocables e inmunes tras hechos de graves indicios. Basta con presumirles inocentes hasta culminación de los procesos.
La objeción a que el contenido de auditorías y detalles de los encausamientos hayan pasado a dominio público debería ser atendida, ciertamente, por altas cortes para saber en qué medida estarían afectados los derechos de quienes deben defenderse ante sus acusadores.
La sociedad está alarmada y aspira simplemente que se haga justicia
El requisito de validez es que la inocencia pueda ser demostrada
El derecho a defenderse ante la diosa Themis debe ser respetado