Cuestión de confianza

Cuestión de confianza

Mucha gente seria y bien intencionada ha opinado que tiene razón la Junta Central Electoral cuando se mantiene firme en su decisión de no sustituir a uno de sus funcionarios objetado por la llamada Comisión de Seguimiento. Piensan, quienes así se manifiestan, que ello equivaldría a un suplantamiento de un organismo institucional como es la JCE, y una cesión de su autoridad a favor de la mentada Comisión.

Estoy de acuerdo con que han proliferado comisiones paralelas para supervisar organismos oficiales creados en virtud de la Constitución o las leyes, y esto, en principio, no tiene razón de ser. Pero no todos los casos son iguales.

En lo que atañe a la JCE, por ejemplo, este es un organismos cuyo principal activo no puede ser otro que la confianza pública. Su gestión fundamental es ser el árbitro único en los procesos electorales del país. Frente a un conflicto cualquiera entre dos o más partes, lo que decida ese árbitro es «palabra de Dios», porque se considera de antemano que es un juez imparcial sin nada qué agradecer ni nada qué temer de ninguno de los implicados.

En consecuencia, debería bastas que una cualquiera de las partes abrigue una mera sospecha contra ese árbitro, para que éste quede automáticamente descalificado. Aunque la sospecha sea infundada, porque si hay sospecha no hay confianza. Y en esta materia puede aplicarse la famosa frase de los antiguos: «La mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino que también tiene que aparentarlo».

Me viene a la memoria la digna actitud asumida en el pasado por la doctora Aura Estela Fernández, quien, al verse objetada (sin fundamento, digo yo) como jueza de la JCE, renunció de inmediato a su posición, porque entendió que si no gozaba de la confianza de todos, sus actuaciones podían eventualmente ser puestas en duda.

Ya que la JCE ha fijado su posición de no remover a nadie por el simple hecho de que lo pida la Comisión de Seguimiento, lo correcto sería que se produzca sin pérdida de tiempo la renuncia de todo aquel que se sienta señalado por simples sospechas de cualquiera de las partes interesadas.

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