La inseguridad que perturba a los ciudadanos de este país se expresa diariamente por medio de actos que derivan en consecuencias y secuelas dolorosas, y aunque estos aconteceres producen cifras y frecuencias alarmantes, el problema no es, ni por asomo, de índole estadística.

Los hechos consumados son la fuente de esas cifras y calibraciones que se cotejan en las mediciones y referencias y, en consecuencia, los hechos encabezan la marcha en este comportamiento social.

Si las estadísticas policiales y las del Ministerio Público difieren, como se deduce de la reacción del jefe de la Policía ante una pregunta de un periodista, algo anda mal en las mediciones que una u otra instancia ha ejercitado a propósito de la violación criminosa de las leyes y la perturbación de la seguridad ciudadana. Queda claro que la perturbación de la tranquilidad se refiere no sólo a homicidios y agresiones, asaltos, robos y atracos, sino, en sentido general, a toda violación de la ley en perjuicio de terceros.

–II–

Las disquisiciones a propósito de cifras deben motorizar la búsqueda de una sintonía, una unificación de criterios, entre las instancias que tienen la responsabilidad de perseguir y hacer que se castigue cada acto de agravio a ciudadanos que merecen que se les garantice la seguridad porque por ella pagan tributo.

En situaciones como las actuales, en que la sospecha sobre el prójimo deteriora la convivencia entre parroquianos y sus vecinos, no podemos pecar de olvidadizos y relegar los resultados de la última encuesta Gallup divulgada por este periódico, en una parte de la cual un 61.1% de los consultados opinó que la delincuencia, tipificada por robos, asaltos, atracos y operaciones de banda, representaban el principal problema en los actuales momentos.

Esa encuesta comenzó a ser divulgada el 8 de agosto pasado, hace menos de un mes, y en ese tiempo no hemos visto mejoría significativa en términos de seguridad ciudadana.

–III–

Conviene que los esfuerzos de las jurisdicciones con responsabilidad primaria en la garantía de la seguridad ciudadana estén orientados a desmontar la maquinaria de delincuencia que ha modificado radicalmente los estilos de vida.

Diferencias en unos números, y básicamente en unas apreciaciones, no deberían distraer los esfuerzos, sino estimular a mejorar los medios de combate de la delincuencia de una manera que resulte tangible para los segmentos de la sociedad que se sienten acosados en sus propios vecindarios y hasta en sus propias casas.

No estamos ante un problema estadístico, sino ante una patología social que debe ser atendida y curada, dejando de lado cualquier disparidad en los números. Si, por ejemplo, ha habido resultados gananciosos en los ensayos del «Plan de Seguridad Democrática» en el barrio Capotillo, que se expandan sus alcances con paso firme hacia todos los ámbitos, en aras de restaurar la seguridad.