Cuestión de poder

POR EZEQUIEL GARCÍA TATIS
Gran preocupación causa en nuestro país la cuestión de la reelección presidencial y es que en nuestra historia la reelección ha estado vinculada a la dictadura y al caudillismo, no a la democracia, por la que se ha luchado inútilmente; y cabe este calificativo a nuestra lucha por la democracia porque el pueblo dominicano no ha sido capaz de darse una forma de gobierno satisfactoria para todos los sectores en que se organiza social y políticamente.

Se aprecia que todos los gobernantes que completan sus períodos, incluidos los que han sido electos democráticamente y cuyas victorias no han sido objetadas, cuando se acerca el término de sus períodos de gobierno se resisten a dejar el poder y se sienten predestinados a no pasar el cetro a otros. Esa creencia o deseo de seguir en la silla de alfileres es apoyada por los tantos que desde posiciones de gobierno (estatales, legislativas y municipales) se benefician de ella. Estos y el mandatario a caballo encontrarán todas las razones y harán todo lo que sea necesario para que el Presidente se reelija.

Siendo así habría que convenir en que, hasta ahora, lo que ha experimentado la República en el ejercicio del poder es el continuismo, el cual se logra una vez alcanzada la Presidencia de la República, valiéndose de la posición para continuar en ella. El lograrlo es cuestión de saber usar el poder.

Según esto, es fácil para los que estando en el poder quieren seguir en él demostrar que se está haciendo una extraordinaria gestión de gobierno y justificar la reelección. Lo difícil sería entonces que los que quieren seguir a caballo puedan encontrar vicios a quienes lo hicieron antes.

Además, siendo válido el reeleccionismo basado en la buena gestión de gobierno, lo que cuenta es ésto: la obra realizada, el resultado. ¿Cuál gobierno, por tanto, será mejor?. El de mayores realizaciones.

Y es aquí donde nuestras democracias recientes tienen grandes fallas. Porque con la generalización de la corrupción, la cantidad de homicidios y suicidios, la inseguridad ciudadana, y también la económica, la incapacidad en disminuir la pobreza, la desorganización del Estado, la persecución fiscalista del ciudadano y de las empresas, el mal manejo de la política monetaria, los pésimos contratos de los servicios públicos, unido a las pocas realizaciones de obras necesarias para mejorar las condiciones de vida en las comunidades del interior del país, el envío de fuerzas armadas criollas a guerras en las que no está involucrado el país, la pobre defensa del país ante campañas de maltrato a los inmigrantes haitianos… hacen difícil la comparación con los gobiernos de las dictaduras y de los caudillos. De hecho los están justificando.

Y no es que los asesinatos de las dictaduras, ni las mañas de los caudillos para continuar en el poder se justifiquen, pero de igual manera tampoco que las deficiencias de las pobres, deficientes y corruptas democracias tengan que ser aceptadas y sus gestiones avaladas para continuar ejerciendo el poder. En consideración de la no aceptación generalizada es que la posibilidad de continuar en la Presidencia es una cuestión de saber manejar el poder e imponerse haciendo uso de los recursos del Estado que sean necesarios.

Comprobado está que cada vez que un gobierno desea un objetivo no previsto en la Constitución busca una modificación del texto constitucional; tantos han sido los cambios y tantas las constituciones que uno de nuestros políticos dijo de ella que es “un pedazo de papel”. Y es por esto que se le quiere modificar por la vía de una Asamblea Revisora, cuando lo que requiere el país es que la Constitución ayude a establecer una forma de gobierno estable, que sea aceptada, por toda la población y, por lo tanto, que no pretenda ser modificada por el próximo Presidente. Para esto lo más conveniente es que los cambios que requiera la Constitución que tenemos deban ser realizados por una Asamblea Constituyente, integrada por representantes electos democráticamente y con independencia suficiente para analizar, juzgar, proponer y aprobar lo que más convenga a la nación para conseguir una forma de gobierno aceptable y una Constitución estable.