En los ayuntamientos del país hay revuelo  en virtud de unas decisiones que están causando conflicto entre lo legal y lo legítimo.

En estos días, coincidiendo con la aprobación de una nueva ley que modifica las facultades municipales, se han producido cancelaciones de delegados que, aunque legales, resultan cuestionables en sus motivaciones.

 Las salas capitulares están facultadas por ley para designar y sustituir a los delegados de juntas municipales, pero el hecho de que lo estén haciendo en estos momentos tiene rasgos de ilegitimidad.

Por un lado, se han echado en el zafacón pactos sobre gobernabilidad municipal suscritos por los principales partidos políticos para, según se alega, permitir un desempeño más provechoso de las gestiones municipales.

Curiosamente, los tres principales partidos dicen que nada han tenido que ver con las cancelaciones de delegados municipales y que los regidores, en cada caso, han actuado por cuenta propia.

Pero si analizamos la relación entre  estas sustituciones  de delegados hechas “al vapor” y la nueva ley de municipios, veremos que hay motivaciones monetarias y hegemónicas de las cuales difícilmente estén ajenos los partidos políticos.

Cuando sea promulgada la ley municipal, los delegados serían inamovibles hasta el 2010, cuando habrá elecciones congresuales y municipales. Los delegados de juntas cancelados, curiosamente no pertenecen a los partidos que dominan los ayuntamientos municipales.

II

Aparte de un asunto de hegemonía partidaria, estas cancelaciones podrían deberse al interés de los partidos por manejar los recursos económicos que recibirán las juntas municipales gracias a la nueva ley.

 La realidad es que todo este escarceo y todos estos actos en nada tienen que ver con interés de mejorar las gestiones municipales para beneficio de las comunidades.

De ahí que aunque las cancelaciones se acogen a facultades que tienen las salas capitulares, el rasgo de ilegitimidad que las identifica radica en los intereses que están motivando estas actuaciones.

Desvinculados, que es de dudar, o vinculados, como parece evidente, lo cierto es que esta situación pone en entredicho el prestigio de los partidos políticos con intereses en los gobiernos municipales.

Si están ajenos a estos movimientos de fichas, entonces demuestran un pésimo manejo sobre partes tan sensibles como los gobiernos municipales en que tienen influencia.

Y si son los estrategas de las escaramuzas, entonces evidencian una preocupante falta de principio y responsabilidad para con la sociedad.

Los gobiernos municipales deben ser manejados con un permanente interés por servir a las comunidades, por ofrecerles servicios cada vez más eficientes mediante una administración celosamente racional de los recursos que reciben del erario, y no manejados como botín de partidos o tendencias políticas.

Quienes defienden estas actuaciones deberían demostrarle a sus comunidades que los cambios se corresponden con algún interés incuestionable y legítimo. Dudamos que puedan dar tal demostración.

Tal vez sería útil que alguien se ocupe de anotar estas particularidades para promover cambios de orden legal que al menos dificulten actuaciones que desnaturalizan, por cuestionables,  los cometidos que deben llenar los gobiernos municipales.