La sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE), contra Miguel Vargas, presidente del principal partido de oposición aliado al PLD, constituye un cuestionamiento al poder hegemónico que detenta el oficialismo con su dominio, casi absoluto, de la justicia y las altas cortes.
De ahí, la enérgica posición del secretario general del partido oficial y presidente del Senado, licenciado Reinaldo Pared Pérez, cuestionando la legalidad de la acción que desconoce la asamblea del PRD en la que se ratificó a Vargas Maldonado como presidente del PRD.
La ratificación de la anulación de la convención del PRD celebrada el 3 de diciembre del 2017, por parte del organismo que preside el magistrado Román Jáquez, se basa en la alegada falta de quórum e irregularidad en la convocatoria a la reunión del Comité Ejecutivo.
Previo a darse a conocer públicamente la decisión del TSE, se informó de las fuertes presiones a que fue sometido su presidente de parte de tres poderosos ministros del gobierno y el procurador general de la República, doctor Jean Alain Rodríguez quien lo habría citado a su despacho.
La decisión contra el PRD de Miguel Vargas de quien dice su más enconado opositor dentro de la organización, Guido Gómez Mazara, que: “dirige un partido pequeño para hacer grandes negocios”, fue respaldada, además, por los magistrados Santiago Sosa y Rafaelina Peralta.
El partido blanco ha sido un fuerte aliado del PLD al punto que jugó un importante papel en la modificación a la Constitución de la República en el 2015, facilitando la reelección del actual presidente Danilo Medina quien, sin dudas, contaba con él en su nuevo proyecto reeleccionista.