Pese a la multimillonaria embestida publicitaria del Gobierno para desviar la atención de los puntos neurálgicos del contrato de construcción de las plantas eléctricas de Punta Catalina, el pueblo sigue pendiente de la verdad sobre la legalidad de la licitación y posible sobrevaluación de la obra.
La insistencia oficial de que la desacreditada empresa brasileña siga construyendo las plantas, crea suspicacia porque además de violar la ley de Contrataciones Públicas, se da un mal ejemplo y se ignora que existen compañías calificadas que pueden terminar las mismas.

Nadie discute la necesidad de esta solución al problema eléctrico, tampoco se ignoran los fuertes intereses de un sector privado insaciable que gravita sobre el tema. Lo que se cuestiona es la pulcritud y legalidad de las soluciones que se adopten con fondos públicos que acabamos pagando todos.

Desde que se destapó el escándalo de la Odebrecht, el presidente Danilo Medina debió, vía la Procuraduría General de la República, contratar un equipo de alto nivel profesional para realizar una auditoría técnico-financiera de todo el proceso de la obra, empezando por la licitación.

Por el contrario, nombró una comisión de notables, presidida por un ex socio de una empresa relacionada a la Odebrecht e integrada por personas vinculadas económicamente al Gobierno y otros sin los conocimientos técnicos indispensables para evaluar una obra de esa magnitud.

Por eso resulta difícil que se pueda arribar a conclusiones convincentes de que una compañía cuyo modus operandi se basa en el soborno y la corrupción a los funcionarios donde opera, actuó con ética y apego a la ley para adquirir un contrato superior a los 2 mil millones de dólares.