POR LEONORA RAMÍREZ S.
La Junta Central Electoral (JCE) debió responder a las denuncias de irregularidades cometidas en algunas Oficialías de Estado Civil con medidas que cambien el  clientelismo que promueve la corrupción y el nepotismo, por la transparencia, manifestó Servio Tulio Castaños, director de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

Asimismo, Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana, lamentó que frente a las graves imputaciones sobre el anómalo funcionamiento de las Oficialías, la JCE haya suspendido a Luis Felipe Rodríguez, encargado de la Doceava Circunscripción de la Oficialía de Estado Civil del municipio Santo Domingo Este, quien informó sobre los hechos cuestionables que ocurren en esas instancias.

Los jueces del tribunal electoral cancelaron a seis oficiales civiles involucrados en la alteración de los documentos que, habrían utilizado regidores de distintos partidos para falsificar pasaportes, y asimismo, suspendieron a Rodríguez «por haber vulnerado los principios elementales de la disciplina».

Castaños consideró que las decisiones que adopte la JCE, para controlar los actos dolosos detectadas en las citadas dependencias, deben estar acordes con la Ley 892 que dispone un salario para los oficiales civiles, y la expedición gratuita de las actas de nacimiento y de defunciones.

En ese sentido, destacó que las medidas tomadas por la JCE no han estado a la altura que las circunstancias ameritan, debido a que los problemas de fondo que existen en las Oficialías, como la falta de regulación del aspecto económico, no han sido abordados.

Al referirse a Rodríguez, quien dijo que las oficialías son organismos de enriquecimiento ilícito, Castaños expresó que el pleno de la JCE  debió reunirse con éste para conocer sus denuncias, y saber cómo funcionaba el programa que este llevaba a cabo para dotar de actas de nacimiento a personas de escasos recursos.

«Los hechos recientes dejan relucir la falta de institucionalidad que prevalece en las Oficialías de Estado Civil, en desmedro de la construcción de un Estado de derecho en el que la transparencia en los servicios públicos debe ser la regla y no la excepción, y por eso la sociedad civil debe ser vigilante frente a la indiferencia de una problemática de tal magnitud», destacó.

LA JUNTA TIENE DERECHO… PERO

Cabreja manifestó que, aunque reconoce que la JCE tiene todo el derecho de suspender a Rodríguez, y tomar las medidas que entienda convenientes sobre todo el personal que tiene a su cargo, la sanción que se le impuso puede verse como un castigo a alguien que ha hecho una denuncia.

Esa situación, precisó, genera dudas sobre la voluntad real que existe en la JCE de corregir las irregularidades detectadas en algunas Oficialías de Estado Civil.

«Lo que la JCE debe hacer es investigar a fondo todo lo que se ha denunciado, para darle una explicación clara a la opinión pública sobre lo que está pasando.

«Entendemos que debe haber la transparencia de lugar para que ese organismo electoral pueda contribuir con el proceso de modernización de las oficialías de Estado civil y que estas cumplan con la Ley», refirió.