Cuestiones y actitudes de difícil justificación. Nadie, con un mínimo de sentido de objetividad y de conocimiento, es capaz de negar que en las últimas 6 décadas el Estado dominicano ha abandonado su responsabilidad de dotar a la población de servicios de salud y de educación de calidad. Ese abandono ha determinado una activa incursión del sector privado en la oferta de esos servicios en condiciones que incrementan las desigualdades sociales y de oportunidades de la aplastante mayoría de la población y encima de eso, globalmente, son de cuestionable calidad. Por eso, en lo referente al de salud ha sido tan generalizado, en término de cantidad y calidad, el rechazo al anuncio del Gobierno de su disposición de prestarle RD$2,000 millones a centros privados de ese sector.

Esa intención, más que un desatino en términos políticos, constituye un acto de injusticia porque con ello se premia a un sector que, aquí y en todo el mundo, tuvo un inusitado y cuantioso incremento de sus ganancias durante la pandemia, sin dejar de reconocer las honrosas excepciones de médicos y científicos altruistas del sector. Es injusta porque si se dispone de esos recursos, estos deberían canalizarse hacia la mejora del equipamiento de los centros sanitarios del sector público en todo el país, para la creación de programas y proyectos que mejoren las condiciones de trabajo del personal médico y paramédico y mejorar las inhumanas condiciones de las parturientas y de los ingresados en muchos centros hospitalarios que están en afrentosas condiciones.

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Se dice que con la medida se busca modernizar los centros privados del sector para potenciar capacidad su tecnológica, haciéndolos más competitivos en la oferta de turismo de salud, además de promover acuerdos para que amplíen su cobertura a sectores de escasos recursos. Todo eso está muy bien, pero si un sector privado de servicio quiere ser más competitivo y moderno, en el contexto de cualquier sistema político, lo justo es que como todo inversionista sea ese sector el que invierta o se agencie recursos en el sistema financiero. La generalidad del sector privado del país ha hecho del Estado su principal fuente de acumulación originaria de capital, engrosándolo al margen de toda razón, principio o ley. De eso no es ajeno el sector de salud. Por consiguiente, nada permite pensar que esa inyección de recursos económicos al sector privado de salud, conocido su pasado y presente, impedirá que este siga incrementando su acumulación a través de la explotación a médicos y paramédicos y los altos costes de sus servicios.