Muchos de nuestros legisladores no califican para el oficio

Se encuentra en una etapa bastante adelantada la aprobación del nuevo Código Penal, el cual, inexplicablemente se encuentra en estudio por más de diez largos años.

Sin embargo, uno de los puntos nodales es el conocimiento de las tres causales, las cuales dejaremos de un lado para abordar un tema que creemos es de suma importancia para el avenir de nuestro país.

Es las últimas semanas la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha iniciado varios procesos de corrupción en los cuales se han visto involucrados varios militares de alto rango y gracias a la delación del mayor Girón se descubrió el intrincado método por el cual millones y millones de pesos fueron dispendiados por estos hábiles militares de alto rango, quienes se valieron de truhanes, hábiles artimañas y truchimanes para bajo la sombrilla de una aparente iglesia encabezada por una avezada pastora rectora de un supuesto templo pentecostal, despojaran, no solo al erario, sino también a inocentes ciudadanos que vieron derrumbarse los esfuerzos que libraron por muchos años, para construir su avenir.

(Caso del ciudadano dominicano residente en Nueva York, al cual confiscaron unos terrenos con títulos catastrales, para la construcción de una urbanización para militares).

El teniente general Díaz Morfa, ministro de Defensa, había pedido a los legisladores que se mantuviera el antiguo artículo 5, que disponía que “las disposiciones del presente Código no sean aplicables a las contravenciones, delitos o crímenes ejecutados por militares, en el nuevo Código Penal”.

Al parecer, este militar de elevado rango olvidó que los actos de corrupción, cometidos con alevosía y a veces con criminalidad, son ejecutados por militares desaprensivos contra el Estado y ciudadanos civiles, que no verían con buenos ojos, ni intenciones que los mismos fuesen conocidos en cortes militares, en donde todavía impera la mentalidad militarista trujillista, de que los civiles deben ser tratados a menos.

A esta solicitud del ministro de Defensa, el abogado Francisco “Pancho” Álvarez, excoordinador de Participación Ciudadana, en una brillante exposición afirma que las jurisdicciones militares solo juzgan las faltas disciplinarias y que cuando un militar incurre en crímenes y delitos, los mismos deben ser juzgados en la justicia ordinaria, al mismo tiempo exhortó al correcto militar, para “que reflexione y retire la solicitud de crear jurisdicción militar exclusiva para infracciones penales de militares”.

Continuar con la antigua práctica del artículo 5 iría contra la Resolución 350 del Tribunal Constitucional, que determina “de ahí que debe considerarse que los tribunales penales militares son inexistentes en nuestro ordenamiento jurídico”.

En el anteproyecto que conocía la Cámara de Diputados, originalmente se contemplaba castigar la corrupción solo con condenas de entre 3 y 10 años. ¿Qué reflejaba esta mentalidad legislativa? Que nuestras cámara legislativas tienen un alto componente de individuos sin merecimientos para ello.

Por eso, imitando a Juancito Sport, hay un gran número de riferos a los cuales califican de “banqueros”, por el sinnúmero de bancas de apuestas diseminadas por todo el país, lo cual mantiene la esperanza de los pobres de llegar a solucionar su estado de indigencia.

Sin embargo, cada semana aumenta su grado de pobreza al ver evaporados sus sueños de alcanzar un premio mayor.

Somos de opinión que esa hemorragia de bancas, una al lado de otra, irrespetando la distancia de 200 metros entre una y otra; así como, la Lotería Nacional, deben ser reguladas con un Consejo Estatal que no permita más de un sorteo semanal.

Que la transparencia no se haga con un equipo de notarios, no videntes, funcionarios de la Lotería y algún otro paniaguado, que se han confabulado con sorteos pirateados, al parecer, aprendidos durante la permanencia en ese establecimiento del nefasto Mazurka, que durante mucho tiempo controló la salida de los bolos ganadores.

Creemos que ya es tiempo de que el Gobierno del presidente Abinader limite el hábito lúdico de los ciudadanos, especialmente de los pobres, estableciendo mayor control y sobre todo, limitando el número de sorteos.

Aunque no lo crea, los ciudadanos más pobres se lo agradecerán. Por eso, evoquemos la canción: “Cuidadito compai gallo, cuidadito”.