Hoy 
JUAN ML. TAVERAS
Por razones que no viene al caso explicar, me he visto en la necesidad de investigar muchos de los títulos de propiedad correspondientes a la parcela 67-B 11/3 parte del municipio de Higüey, provincia La Altagracia y puedo asegurar que el desorden que existe allí hace pensar que la Ley 1542 sobre Registro de Tierra es, en la práctica, más bien una ley de despojo que una Ley de garantía inmobiliaria.
En esa parcela que comprende casi toda a Bávaro, siendo esas tierras, por consiguiente, de vocación turísticas no agrarias, existen miles de deslindes hechos sobre otros deslindes. El Estado es dueño del 71% de todas las tierras que componen esa parcela, pero no posee un solo metro cuadrado, pese a que nunca ha vendido ni una sola tarea de sus vastas pertenencias. El Instituto Agrario Dominicano es dueño de más de 160 millones de metros, pero no tiene nada en la parcela 67-B, porque todas sus tierras han sido sustraídas con la colaboración de personajes del propio Instituto Agrario Dominicano. La mayoría de los dueños originales de esa parcela han sido timados y sus propiedades están en mano de ocupantes que en componendas maliciosas con registradores de título, agrimensores y personeros de la Dirección General de Mensuras Catastrales, se han apropiado de la cosa de otro.
El caso de las tierras del Instituto Agrario Dominicano es más que penoso. En la época en que Jaime Rodríguez Guzmán era su Director General, a una sola persona se le transfirieron cerca de 12 millones de metros cuadrados, simulando dos asentamientos agrarios que nunca existieron.
Los supuestos campesinos que fueron dizque beneficiados con tierras del Instituto Agrario, las vendieron a los diez días de haberlas recibido a un precio de menos de dos centavos el metro cuadrado.
En razón de que la prohibición de vender las tierras destinadas a la reforma agraria contenida en la Ley 5879 no se cumplía, el 22 de septiembre de 1972, se dictó la ley 391 que establece en su artículo 9 lo siguiente: Ningún agricultor a quien se asigne una parcela podrá venderla, donarla, hipotecarla, ni en ninguna forma o por cualquier otro medio gravarla ni cederla. Toda transferencia realizada en contravención de esta disposición es nula de pleno derecho, y la propiedad de la parcela reentrará automáticamente al patrimonio del Instituto Agrario Dominicano para una posterior asignación, sin compensación alguna ni al cedente ni al cesionario.
Pese a la claridad y contundencia de esta Ley, la práctica de negociar con tierras destinadas a la reforma agraria continuaba como si nada en todo el territorio nacional. Fue entonces cuando el doctor Vincho Castillo, en otro inestimable servicio al país, logró la aprobación, el 7 de abril de 1975, de la Ley 145 que en su artículo 1 establece textualmente lo siguiente: Queda terminantemente prohibido a toda persona física o moral, adquirir por compra, donación, arrendamiento, ejecución hipotecaria, usufructo, las parcelas y todos sus accesorios que hayan sido asignados dicha prohibición cualquier uso que no haya sido específicamente descrito en esta ley. El artículo 2 de dicha ley ordena prisión automática de un mes a dos años para sus violadores y en su artículo 3 dicha ley establece que los transgresores de esta ley no podrán ejercer ningún tipo de acción tendente a resarcirse de lo que hayan invertido en la operación.
Son leyes de orden público pero no se cumplen. Esas son leyes telaraña, hechas para apresar a las moscas pequeñas y dejar pasar a las grandes. Tanto el Estado como el Instituto Agrario Dominicano están en conocimiento del despojo de que han sido objeto de tierras cuyo valor actual sobrepasa los 100 mil millones de pesos pero nadie hace nada por detener la ola de delincuencia inmobiliaria que estremece los cimientos mismos de la propiedad inmobiliaria en República Dominicana. Si de verdad se quisiera poner algún freno a la delincuencia inmobiliaria, bastaría, digamos al Instituto Agrario Dominicano con enviar una comunicación al Tribunal Superior de Tierras pidiendo la anulación, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 391, de los títulos que amparan las transferencias dolosas y las ventas ilegales que se han hecho de tierras asignadas a agricultores para la reforma agraria, con lo cual recuperaría más de 100 millones de metros que le han sido robados y cuyo valor actual sobrepasa los 50 mil millones de pesos. El Estado por su parte, debería ordenar a Bienes Nacionales que investigue en manos de quién o quiénes están sus tierras y simplemente recuperarlas. La pregunta es si existe la voluntad política para enfrentar la corrupción a gran escala que aún existe en materia inmobiliaria.
En un informe rendido por el agrimensor Julio Yens Seijas, ex director general de Mensuras Catastrales, a la Suprema Corte de Justicia hace más de cuatro años, copia del cual poseemos, se le pide dramáticamente a la Suprema que ordene la paralización de todo trabajo de mensura y transferencia de titulo dentro de la parcela 67-B-11/3 partes, en vista del desorden, la superposición de planos, y otros malabares que han servido para el dolo y el engaño a cientos de hombres y mujeres en la zona donde fueron realizados los trabajos de investigación , dentro de la parcela 67-B-11/3.
El informe señala que de poco más de 500 parcelas que existían dentro de la parcela general 67-B-11/3. sólo el 40% no presentaban problemas de ubicación, de mesura o de titularidad al momento del informe y que todas las otras estaban o deslindadas irregularmente o con deslindes sobre deslinde.
Los problemas en aquella parcela son enormes y sólo un esfuerzo coordinado de los organismos del Estado podría aclarar aquella confusa situación. ¿Existe en verdad la intención sincera de convertir al título de propiedad en un verdadero instrumento de garantía y confianza en materia inmobiliaria?. Eso lo veremos. Mientras tanto, le recomiendo a todos los inversionistas tener mucho cuidado con las tierras de Bávaro y sus alrededores. Averigüen bien antes de comprarlas o se verán en tremendas dificultades.
