Todos los dominicanos con absurdas, renegadas y tozudas excepciones de personajes que acostumbran a profetizar apocalípticamente lo que no hacen, estuvieron de acuerdo en que el país salió victorioso en las recientes negociaciones comerciales para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Desde los más ortodoxos industriales, pasando por las pequeñas y medianas empresas y los productores agrícolas, desde los consumidores hasta los sindicatos, desde los líderes políticos opositores hasta el Gobierno, felicitó al equipo negociador y su capacidad técnica por la culminación exitosa de este Acuerdo, sin precedentes en el país.

Sin embargo, la responsabilidad la tienen aquellos encargados de formar y reformar las leyes de ambos países. Los legisladores de los países involucrados son quienes ratificarían o no este Acuerdo que involucra a seis países latinoamericanos y los Estados Unidos.

Sin lugar a dudas que por el sentir nacional y tomando el pulso político de nuestros congresistas, así como el de los centroamericanos, al parecer la ratificación de este Acuerdo no tendrá mayores inconvenientes; sin embargo, no será igual de fácil en el Capitolio norteamericano.

Hay muchos intereses definidos para no dejar que pase el Tratado. Las excusas son políticas, pero las razones son puramente comerciales y económicas.

La defensa al medio ambiente y al ecosistema fue el argumento con el que el pasado presidente norteamericano, Bill Clinton, pudo detener y cambiar el acuerdo NAFTA a principios de la década pasada. Es el mismo argumento que utiliza políticamente ahora su colega demócrata para menguar el triunfo de su adversario político y, sin dudas, será el utilizado por los congresistas adversos al TLC con la Republica Dominicana y Centroamérica.

En nuestro caso particular, los temas de medio ambiente y laborales, fueron defendidos y discutidos con gran facilidad por nuestra delegación, ya que a pesar de contar con un excelente equipo negociador en estos temas, nuestras leyes en ambos casos tienen las características de eficiencia y modernidad, ceñidas fielmente a disposiciones y acuerdos internacionales.

No obstante, tomando en cuenta las recientes declaraciones de la directora de la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos en el país, Elena Brineman, de que pudiera ser afectado el programa de ayuda al medio ambiente si es ratificado el proyecto de ley que busca modificar las áreas protegidas de la República Dominicana, asimismo se afectaría grandemente la aprobación en el Congreso del Tratado y, por consiguiente, todo el trabajo realizado en años.

No dudo de la buena intención de los legisladores en querer expandir el desarrollo económico que se genera con la explotación de recursos naturales con potencial turístico; sin embargo, los congresistas no pueden olvidar que el desarrollo debe ser sistémico y que por querer beneficiar a muchos perjudicamos a todos.

No dudo de que lo hacen atendiendo a quienes claman por tener mejor calidad de vida en zonas desprotegidas de inversión. Lo que sí no dudo es que la representante norteamericana en su reciente declaración envía un mensaje claro entre líneas como los saben hacer los americanos.