ANTONIO PEÑA MIRABAL
Las exigencias que en la actualidad realiza el Fondo Monetario Internacional, FMI, al gobierno dominicano para que elimine el subsidio al gas licuado de petróleo, GLP, debe ser tomado con cautela por las autoridades, porque lo que se vislumbra si esto sucede, es un huracán que no necesariamente será de vientos, truenos, relámpagos e inundaciones, sino una turbulencia social que podría degenerar en actos que terminen con el clima de tranquilidad y gobernabilidad que vive el país.

Las economías pobres como las nuestras no pueden ser sometidas a rigurosidades que ni siquiera las grandes soportarían. Esas economías que hoy dominan el mundo, antes de llegar al nivel de desarrollo que hoy muestran, pasaron por muchísimas vicisitudes, pero sobre todo, subsidiaron en su momento a los más pobres y a sus respectivas clases productoras de riquezas. Los años que nos separan de esas economías son muchos, por tanto no estamos haciendo nada que ellas no hicieran en sus respectivos momentos de expansión. No saltemos la historia.

El gobierno debe tener cuidado con lo que el FMI quiere al respecto, y no debe dejarse arrastrar a una realidad distinta a la que vive nuestra economía. No podemos pretender colocarnos en condiciones exigibles a países que no han padecido los embates de una crisis como la que vivimos en los últimos años del gobierno perredeísta. Tenemos la responsabilidad como país de avanzar con los acuerdos a que arribamos con el FMI, pero ojo, que no perdamos el país en el trayecto, porque no tendría valor nada de lo que se ha hecho y falta por hacer.

La eliminación del subsidio al GLP tiene implicaciones sociales y políticas significativas, de mayor trascendencia que las económicas. Esto lo saben las autoridades gubernamentales y es por ello que han sugerido la utilización del superávit que han logrado en la ejecución presupuestal, para suplir el subsidio al GLP. A los tecnócratas y burócratas del FMI no les gustará la propuesta, porque sus objetivos son simplemente económicos, sin importarles las consecuencias que se deriven de su cumplimiento. Es aquí donde el equipo económico del gobierno debe emplearse a fondo y hacerle ver al fondo que no es posible lo que ellos quieren a costa de la estabilidad política y social del país. Encarecer este bien de consumo masivo, es impedir que los más pobres lo adquieran, con lo que se estaría empujándolos al consumo de carbón vegetal y leña, por lo que se estaría decretando la desertificación de nuestros bosques y montañas. La numerosa presencia haitiana en nuestro país aceleraría este proceso.

Se está hablando de focalizar el subsidio a este importante bien de consumo masivo, con lo que no se resuelve el problema, porque sería castigar nuevamente a la pobre clase media del país, que en el pasado reciente tuvo que cargar con la mayoría de los desaciertos económicos del pasado gobierno. Pero además no se puede olvidar el escándalo que se produjo cuando las pasadas autoridades pretendieron hacer lo mismo, lo que no significa que vuelva a ocurrir, pero el precedente es un fardo en contra de dicho intento. El país no está preparado en estos momentos para satisfacer esa exigencia del FMI. Nuestro pueblo acaba de soportar la peor gestión económica que hemos tenido en las últimas décadas, y que empobreció a millones de dominicanos. No se puede echar más leña al fuego, hay que actuar con cautela.

La eliminación del subsidio al GLP no sólo crearía dificultades sociales al gobierno, sino que el PLD también saldría afectado, ya que la oposición política capitalizaría en su favor el descontento que esta medida va a generar en la población. Se estaría ofertando en bandeja de plata la oportunidad a los adversarios del gobierno para recomponerse y unificarse en torno al tema. Esta medida reduciría las posibilidades del PLD en las elecciones de medio tiempo del año venidero, y lo que se ve ahora como una oportunidad para equilibrar la presencia partidaria en el Congreso y los Ayuntamientos, puede convertirse en un revés para el PLD y el gobierno. Esta es una medida de alto contenido político, donde lo económico es lo que menos importa, por tanto, el gobierno tiene que manejar esta situación políticamente y olvidarse de la presión del Fondo, porque no podemos cambiar la paz que vive el país por un requerimiento que puede posponerse para otra ocasión.