El fallecimiento de una humilde joven madre en el subcentro de Villa Mella, fue seguido por una rápida respuesta del Ministerio de Salud, en un acto punitivo sin precedentes que involucró a cinco profesionales, incluido el director del establecimiento.

Atendiendo solamente al resultado trágico, es correcto buscar responsables y sancionar. Lo que no ha parecido adecuada, es la peligrosa metodología utilizada,  porque no se ha informado del uso de los procedimientos necesarios para juzgar a los sancionados conforme a las leyes sanitarias existentes, ni el concurso de la justicia ordinaria.

El gobierno, a través de sus representantes, inició el cumplimiento de la parte del acuerdo con el Colegio Médico Dominicano (CMD), que implicaba un aumento salarial inicial en el pasado mes de agosto y ese hecho le aporta fuerza moral para exigir al personal del sector salud mejor y mayor cumplimiento de sus obligaciones, pero ¡cuidado!, no vaya a interpretarse que el aumento salarial es una patente de corso para arrancar cabezas de médicos ante cualquier morbilidad o mortalidad, sin evaluación y juicios equilibrados, pues, aunque probablemente esta muerte materna no sea el caso, condiciones inadecuadas y falta de equipos, medicamentos y material de trabajo, pueden condicionar morbilidad y mortalidad no asociada a una práctica profesional negligente, sino a responsabilidades gerenciales superiores que se deseen encubrir.

El CMD no puede asumir una actitud cómplice frente a probables o comprobados actos de irresponsabilidad profesional, pero tiene la obligación innegociable de exigir el agotamiento de las vías legales y los correctos procedimientos para juzgar y condenar a sus asociados.

No es una conquista gremial, es un derecho universal que el gremio debe garantizar.