Por razones multifactoriales la población dominicana percibe que los actos delincuenciales están a la orden del día en el territorio nacional, a pesar de los notables esfuerzos que ha venido realizando el gobierno del presidente Danilo Medina con la implementación del 9-1-1 y otras iniciativas. Una nota curiosa es reseñada por el procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, en la que informa que la mayoría de los crímenes se llevan a cabo con armas de fuego y expedidas de manera legal.

Estas declaraciones del jefe del Ministerio Público surgen en medio de un debate provocado por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de control de armas, que ahora va al Senado y que entre otras cosas volvería a abrir las compuertas para que de manera legal se vendan armas de fuego que hasta el momento han estado limitadas. Este proyecto de ley, lejos de ayudar al establecimiento de un clima de seguridad ciudadana acorde con los tiempos, aumentaría estadísticamente las posibilidades de deteriorar los indicadores que para ese tema se han establecido.

Visto esto, resulta más que preocupante la facilidad con que personas portando armas de fuego, ingresan a establecimientos de naturaleza pública y por ende destinados a la concurrencia libre de personas, tales como iglesias, oficinas comerciales de bancos, telefónicas, distribuidoras de electricidad, etc. Del mismo modo es incomprensible observar cómo en medio de la actual coyuntura se ingresa a las grandes plazas comerciales del país, por lo general abarrotadas de clientes, sin constatar en las entradas si el visitante porta armas de fuego.

Los momentos que en materia de seguridad ciudadana vive el país ameritan medidas que aunque resulten molestosas coadyuven a reducir los niveles de criminalidad. Así las cosas, reiteramos a las autoridades, nuestra propuesta de establecer medidas que impidan el ingreso de personas armadas a establecimientos públicos, depositándolas al entrar en instalaciones seguras y retirándolas a salir.