LEILA ROLDÁN
Hace unas semanas, Nuria Piera presentó en su programa el caso de una señora y sus dos hijos, los cuales sufrieron prisión injusta durante un mes y tres días como consecuencia de la labor investigativa de un fiscal adjunto de la Provincia Santo Domingo.   Este fiscal se empeñó en la teoría de una trama familiar de seguimiento y eliminación, a pesar de que los verdaderos indicios apuntaban en la dirección de una discusión callejera que terminó violentamente. A pesar, incluso, de testigos que habían anotado la placa y las características de un vehículo en fuga desde el cual habían salido los disparos asesinos, y que no guardaba relación alguna con los hijos o la esposa del difunto. 

Una mentalidad judicial con grandes influencias cinematográficas, o con ansias aún mayores de atención pública, perfiló una intriga mortal distinta del hecho simple de una reacción impetuosa que terminó en crimen. En base a ella, envió a prisión a tres inocentes, precisamente la esposa y los hijos de la víctima.

Los detenidos, además de sufrir la pena de la pérdida de su pariente, sufrieron además la enemistad con el resto de la familia, el escarnio del vecindario donde residían, la pérdida de los empleos, la ausencia en los estudios y hasta la necesidad de financiar una asistencia legal. Tal vez los muchachos perdieron hasta sus novias.

Finalmente, y gracias a diligencias del abogado defensor (no de la fiscalía), un mes más tarde fue encontrado y puesto a disposición de la justicia el verdadero homicida, quien era, coincidencialmente, hermano de un alto oficial de la Policía Nacional.

Al ser cuestionado por Nuria sobre posibles cargos de conciencia, luego de la obligada puesta en libertad de los inocentes, el magistrado fiscal sólo respondió “nadie es perfecto”, dando así por concluida su labor. Los daños materiales, morales, sociales y físicos ocasionados por su “imperfección” le importaron bastante poco. 

Casos como éste tienen lugar con inusitada frecuencia desde septiembre del año pasado, precisamente desde la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Penal. Los fiscales investigadores, por diseño del código, parecen estar ensayando un original síndrome “Poirotiano” más cercano al quehacer del novelista gótico que al de investigador judicial.  

No se ha dotado aún a los funcionarios del ministerio público de capacitación criminalística (conocimiento, métodos, técnicas o ciencias de investigación) ni de acceso y manejo de moderna tecnología de investigación (odontología, medicina, patología física y balística, psiquiatría, química y toxicología, genética y biología, grafología e identificación forense, balística, dactiloscopia, documentología, filmación, fotografía e informatización de los recursos periciales, etc.) que les permita una indagación seria y científica del delito, (y parece que mucho menos se les ha provisto de alguna dosis de sensatez). Sin embargo, ya se les ha asignado la responsabilidad exclusiva y total de realizar las pesquisas, de recopilar pruebas, presentarlas en juicio y perseguir sanción. 

En fin, los fiscales están “investigando”. Sin la capacidad, la disposición, la ecuanimidad ni las herramientas mínimas necesarias que tenía la Policía, y además, con la subordinación política que recientemente ha sido puesta al desnudo, se han lanzado a la aventura de investigar “a mano pelá”, y los ciudadanos están padeciendo las consecuencias.  

Y como “nadie es perfecto”, no nos queda más que advertir ¡cuidado!, señores, que los fiscales están “investigando”.