El delegado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ante la Junta Central Electoral ha dirigido a ese tribunal una carta de advertencia que, a pesar de ser austera en los detalles, debería poner en alerta máxima a las autoridades y a todo el que se sienta auténtico dominicano, interesado en el afianzamiento institucional de nuestra democracia a través de un proceso electoral diáfano y pacífico.

En esa carta, que suscribe Darío de Jesús, delegado del PRD ante la JCE, se advierte que ese tribunal podría ser blanco de un atentado el mismo día de las elecciones presidenciales del 16 de mayo. Para sustentar la advertencia se remonta a dos nefastos acontecimientos del pasado: el estallido en 1982 de una granada en un antedespacho de la Junta, que costó vidas y llenó de estupor a nuestra sociedad, y la balacera de 1986, en la explanada frontal del mismo tribunal, en la cual varias personas murieron.

Vistas las cosas en función de antecedentes, se justificaría que todos nos pusiésemos en guardia, para desarticular, a nombre de la democracia, cualquier experimento que pretenda frustrar o accidentar el ejercicio del derecho al voto.

Pero la carta del delegado del PRD a la Junta obliga a preguntar: ¿A quién le convendría y por cuáles pretextos, apelar al terror para perturbar un certamen cívico de la importancia del convocado para el 16 de mayo próximo? Y volviendo a los antecedentes que expresamente cita la carta, sería interesante escudriñar si en algún expediente, resultante de la investigación del «granadazo» y el ametrallamiento frente a la Junta, contiene incriminaciones específicas contra los sectores que en aquella oportunidad tendrían «razones» para perturbar la marcha de los acontecimientos.

[b]II[/b]

De todos modos, algo es importante observar: el país no puede dejarse guiar por histerismo de clase alguna.

La seguridad de la Junta Central Electoral tiene que ser trazada por la propia JCE y entonces buscar el respaldo de las fuerzas del orden público. Bajo circunstancia alguna se puede alterar ese procedimiento. No son las fuerzas del orden las llamadas a decirle a la JCE lo que debe hacer, sino precisamente todo lo contrario. La independencia de la JCE tiene que ser total, absoluta.

Este país ha sido convocado a elecciones el próximo 16 de mayo. La ciudadanía confía en que su voto será respetado. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a alterar el orden. Pero que no se olvide, por encima de todas las cosas, que el pueblo, con su sabiduría, sabrá dar al traste con cualquiera que pretenda desconocer la voluntad popular. Ya lo ha hecho otras veces y enfrentando a poderes que tenían los juegos muy pesados.

No quisiéramos acogernos a la máxima de que «los pueblos que no conocen su historia se ven obligados a repetirla», pero si en el pasado fue posible que alguien entrara a la JCE con, al menos, una granada que estalló en 1982 y causó muertes, es preferible hacerse la idea de que tiene asidero la preocupación que expresa en su carta el delegado del PRD y dar como posible que alguien podría tratar de reeditar una osadía semejante. Faltaría desentrañar quiénes, por qué y para qué se apelaría a semejante aventura.

Basados en estas premisas, los organismos de seguridad, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la JCE, así como los grupos cívicos, deberían requerir el aporte de detalles más precisos sobre esta advertencia, de manera que cualquier eventual propósito descabellado pueda ser desarticulado antes de que pueda lograr su cometido.

Sea fruto de un tremendismo de campaña o de una preocupación sincera, la carta del delegado del PRD debe servir para que todos seamos vigilantes a tiempo completo, para frustrar cualquier barbaridad, provenga de donde provenga, y para evitar que, como en los antecedentes que ese documento destaca, el escudo de la impunidad pueda, eventualmente, proteger a las fuerzas que pudieren embarcarse en urdimbres de esta catadura.