La demanda de los médicos, de más inversión en salud, encuentra una sólida justificación en el déficit de camas, de un 60%, que afecta el trabajo de las salas de cuidados intensivos, donde debería haber una por cada 10 de estos muebles. También la justifica el hecho de que debido a carencias logísticas entre las que caben las debilidades de la atención primaria, que debió arrancar a la par que la seguridad social, las salas de emergencia generalmente tienen que limitarse a dar servicio de consulta.
Otra área en que hay que invertir, y acoger así recomendaciones de expertos de las Naciones Unidas, es en declarar prioritaria la atención de los lesionados en accidentes de tránsito. La recomendación parte del hecho de que los accidentes están entre las principales causas de muerte en el país, pero es injustificadamente alto el número de fallecimientos por esta causa y hay que reforzar las atenciones en este campo.
Y hay más factores que justifican que se invierta más en salud. Por ejemplo, hay un déficit muy pronunciado en cuanto a número de enfermeras y otro personal paramédico, aparte de que son deprimentes los salarios que se les pagan. Los médicos, que han actuado con sensatez al retomar la vía del diálogo para impulsar sus demandas, tienen mucha razón en lo que piden. Hay muchos cuidados que están en lamentable descuido.

Derecho de propiedad

El país tiene mala reputación en materia inmobiliaria y muchas son las propiedades en prolongados litigios. Otra variante del desorden son las invasiones de propiedades legítimamente adquiridas y la pobre protección que reciben las víctimas. Un caso patético es el de la familia Llort Rosario, radicada en Jarabacoa, cuyos terrenos, amparados en títulos legales, desde febrero último han sido invadidos varias veces por turbas que intentan repartirse el área en solares.
Lo grave del caso es que aunque la Policía y el Ministerio Público desalojan y detienen a los invasores, éstos retornan y mantienen en zozobra a los legítimos propietarios. La familia Llort Rosario pide que el Ministerio Público investigue quién o quiénes están estimulando estas invasiones recurrentes contra una propiedad que adquirieron en buena lid hace décadas.