Por su composición colegiada que cada cuatro años renueva matrículas por mandato de urnas para ejercicios primordiales, las cámaras legislativas deben interpretar con certeza y sentido de oportunidad las demandas de leyes y resoluciones que bullen en el pueblo que les da poderes.

Algunas iniciativas de recientes períodos de sesiones –y la sistemática postergación en actualizar el Código Penal– muestran una desconexión congresual con prioridades nacionales aunque en sucesivos debates camerales se escuchen voces consecuentes con la realidad y militantes de buenas causas que parecen predicar en el desierto.

En confrontación con importantes corrientes de opinión que no cesan de pronunciarse han prosperado últimamente en las honorables salas un intento de restringir la libertad de prensa y un propósito de destrozar territorialmente la provincia de Santo Domingo contra toda lógica.

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Mientras de otro lado sigue pendiente dotar al país de legislaciones modernas sobre Seguridad Social, desarrollo regional, reforma policial para los retos de la delincuencia, redefinir normas electorales, proteger los recursos hídricos y fortalecer las facultades de la Justicia para la defensa de los intereses de la sociedad.

En el marco de una saludable y democrática pluralidad, los liderazgos partidarios que se contraponen en el ámbito legislativo deben superar diferencias y acogerse en última instancia a fórmulas de avenencia que superen cuellos de botella echando de lado posiciones radicales.