Seamos sinceros. Nuestras lamentables relaciones con Haití no son solo por culpa de los haitianos. El erudito Dr. H. Hoetink, en el formidable libro “El pueblo dominicano: 1850-1900”, nos habla de la migración puertorriqueña y cubana a fines del siglo 19, fácilmente asimilada por los dominicanos. Y nos informa, trasladado el tiempo: “No cabe duda de que en este período de superioridad (o por lo menos de igualdad) de la fuerza haitiana en el campo político y económico de Santo Domingo y la poca vigilancia en la frontera, produjeron una inmigración incontrolada desde Haití”.

Hoetink menciona el año 1871 como una de las pruebas del carácter “pacífico” del pueblo dominicano destacando que “a pesar de la aversión nacional que se siente por Haití, hay en este momento muchos centenares de haitianos que viven tranquilamente y se dedican a sus actividades en territorio dominicano”.

Todavía, siglo 21, es así. Ahora por muchos miles. ¿Por qué?

Porque su presencia es ilegal. Ilegal porque las autoridades dominicanas apoyan, mirando el paisaje de sus cuentas bancarias, a estos obreros baratos y eficientes, sin derecho a nada, que comen en el suelo y duermen sobre un cartón de empaque, y aun así están mejor que en su tierra.

Yo me pregunto, por estupidez, ¿alguien confiable revisa o audita los fondos que dominicanos, dolidos de la tragedia de nuestros vecinos más cercanos, sacamos lo que podemos de nuestro presupuesto mensual para ayudar al pueblo haitiano tras el terrible terremoto que hace pocos años sufrió?

Nuestra familia se incorporó rápidamente al movimiento de socorro, al igual que otros conmovidos amigos y también importantes personalidades del mundo del arte. Pero luego uno se pregunta ¿qué hicieron con ese dinero y esos recursos las personas e instituciones destinadas a hacerlos llegar donde se necesitaba urgentemente? Es que vemos cómo están esos damnificados: desesperados y hambrientos, enfermos y carentes de lo esencial, pero ¿qué podemos hacer contra los ladrones, si aquí mismo los tenemos a montón?

Podemos aminorar la hipocresía de nunca saber quiénes son los delincuentes de alta fuerza y poder. Podemos no aceptar cosas tan graves como que un general y un coronel, que son los que manejan el comercio con Haití, y a cuyo servicio están militares de grado inferior, no investigue un supuesto soborno porque “no hay pruebas”. ¡Ah!, ¡pero nunca las hay!

Por eso no se investiga, porque como declara el ministro de Defensa (mire que es almirante, un rango naval de ilustre historia) él no puede –no puede, ¡ay, ay!–, iniciar un investigación sobre la denuncia de un supuesto soborno en la compra de los aviones Súper Tucano debido a un “simple cable de prensa internacional”.

Cuando leí que nuestro ministro de Defensa no realizaría ninguna investigación por falta de pruebas, se me cayó la taza de café.

¿Pero es que no se investiga para buscar pruebas de culpabilidad o inocencia? ¿pero es que ante graves acusaciones no se busca la verdad? ¿No sabe nuestro almirante que las investigaciones parten de “rumores” procedentes de los medios de comunicación que proceden de informaciones sólidas, como en los aspectos bancarios del Vaticano?

Por fortuna el procurador general de la República anunció el inicio de una investigación y el almirante expresó su disposición de colaborar.

A lo que voy es a que debemos ser más íntegros. Enfrentar nuestros errores y buscarles una salida decente, humana y justa.

La situación haitiana es, en parte, culpa nuestra. Se debe a un pésimo manejo de nuestras relaciones, sin regulaciones firmes y justas, claras y convenientes para las dos naciones.

Tratar de resolverla retrospectivamente con coloraciones legales es sencillamente un disparate.