Las rabietas de muchos activistas del oficialismo porque aún no se les ha «nombrado» en puestos de la administración pública, rabietas que, por cierto, han incluido tomas furtivas de instalaciones, como ocurrió en el hospital Doctor Luis Eduardo Aybar, son la versión peledeísta de una cultura muy arraigada en nuestro estilo de hacer política desde que ejercemos la democracia.

Esa cultura está definida por múltiples rasgos, entre los cuales los más notables son la creencia de que la función pública adquiere color partidista con el triunfo electoral, morado para este caso, y de que la derrota del adversario da derecho a «barrer» todo lo que no concuerde con la tonalidad de turno.

Desde 1962 los partidos, y cuando no sus tendencias, se han dedicado a desplazar de los puestos públicos a todo lo que no ha concordado con su línea de pensamiento. Los perredeístas iniciaron la fiesta con la «aplanadora» durante el efímero mandato de Juan Bosch, luego el régimen de facto surgido del golpe de Estado hizo algo parecido; más adelante fueron los reformistas quienes desplazaron a todos durante doce años a partir de 1966; luego llegó el PRD con el fenecido Antonio Guzmán, y se repitió la historia, y algún tiempo después los jorgeblanquistas se llevaron de encuentro a los seguidores de Guzmán, y así sucesivamente.

El resultado ha sido que muy pocos servidores públicos han logrado hacer carrera, no sólo por los desplazamientos y sustituciones periódicas, sino porque, y es lo peor, la ocupación de cargos no siempre ni necesariamente ha obedecido a  aptitud y calificación técnica, sino a colores de banderías partidistas o de tendencias.

-II-

Si queremos una administración pública capaz, las calificaciones técnicas tendrán que primar sobre la condición de «compañero», «compatriota» o, por suerte de enlaces estratégicos, «compañetriota».

El sepulturero por excelencia de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa ha sido ese rasgo de ejercicio político que comentamos y que tiene la virtud de comportarse como cultura de piñata.

Si los partidos políticos sienten respeto por el país, deberían demostrarlo «suicidando» esta cultura de piñata. Una forma de hacerlo sería que todos estos grupos, apelando al tan manoseado y cacareado consenso, renuncien a ofrecer a sus militantes y simpatizantes los puestos de la administración pública como pago por activismo electoral. Sería un acto de seriedad establecer las designaciones por concurso, porque cada cargo de la administración pública debería estar reservado para la persona con las mejores aptitudes técnicas y morales para desempeñarlo, sin importar filiación política o tendencia partidista.

La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa tiene que ser rescatada de esa rapiña que ha neutralizado su aplicación. Su contenido debe ser modificado para agregarle cláusulas que permitan sancionar severamente a quienes promuevan sustituciones de personal que no estén justificadas en aspectos técnicos, morales o disciplinarios, dejándolas sin efecto por mandato expreso de la misma ley.

La cultura de piñata que los partidos políticos han practicado como ritual en el ejercicio del poder ha sido el más terrible obstáculo para el desarrollo de una administración pública técnica y moralmente cualificada, capaz de ser garante del progreso.