Los representantes del Poder Judicial (PJ), encabezados por su presidente, Mariano Germán, firmaron ayer una Carta-Compromiso para desarrollar y ejecutar una serie de acciones tendentes a consolidar la eficiencia, transparencia, independencia, y la cohesión interna de ese poder del Estado.
Dicho documento es el resultado de casi cuatro meses de consulta y reflexión en la que participaron actores del sector justicia, del Estado, y de la sociedad civil, y que culminó con la Cumbre Judicial Nacional celebrada ayer.
En su discurso de orden, el magistrado Germán dijo sentirse optimista con la Cumbre, porque ha sido “un nuevo punto de partida y una excelente herramienta para fortalecer nuestro Poder Judicial y mejorar el sistema de justicia en armonía con los requerimientos de la sociedad dominicana”.
Informó que los compromiso asumidos giran en torno a la autonomía e independencia de la justicia; el acceso a la justicia; la eficiencia y eficacia en el procesamiento de los casos; la coordinación interinstitucional; integridad en la labor judicial, sistema de carrera y régimen de consecuencias; y gestión administrativa.
Acciones concretas. Acordaron impulsar las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de la Ley que asigna un presupuesto del 2.66% al PJ.
Revisar los procedimientos administrativos internos para favorecer la descentralización y la eficienciación de los mismos; y hacer más equitativa la distribución presupuestaria tomando en consideración la carga de trabajo y el tamaño de los Departamentos Judiciales.,
También realizar cambios en la gestión de las jurisdicciones para una más eficiente distribución de los casos entre jueces; incrementar el personal de apoyo en los tribunales; implementar un sistema electrónico de citaciones y notificaciones; aumentar el número de salas y la disposición de jueces liquidadores, y distribuir de manera más eficiente los recursos humanos del PJ de acuerdo a la carga laboral de los tribunales.
Integridad en labor judicial. El compromiso incluye establecer mayor rigurosidad en el sistema de vigilancia del comportamiento ético de los jueces y servidores judiciales; evitar los traslados no consensuados de jueces, de modo que esto no se utilice como sanción; revisar y adecuar el reglamento de escalafón judicial; garantizar los derechos fundamentales en los juicios disciplinarios y revisar el rol de la figura del Ministerio Público en los procesos disciplinarios.
Además, evaluar la posibilidad de ampliar la cobertura del seguro de salud sin lesionar el salario de los servidores judiciales, y revisar el sistema de seguridad social, laboral, y de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial.
Asimismo, fortalecer Inspectoría General y hacer más eficientes las regionales, para el análisis de denuncias; actualizar la evaluación de desempeño de los jueces y demás servidores en base a un sistema multifactorial y objetivo.
Acordaron también ampliar los programas de capacitación de la Escuela Nacional de la judicatura; replicar las mesas de coordinación interinstitucional en todas las jurisdicciones; incentivar un mayor acercamiento que le garantice a la ciudadanía el acceso a la justicia; crear un bando de intérpretes judiciales; fortalecer la aplicación de políticas de género por parte de todos los actores del sistema, y el equipamiento y uso de las tecnologías en los tribunales a nivel nacional, entre otras cosas.
Coordinación interinstitucional. Los resultados del proceso serán entregados al Poder Ejecutivo, a varias instituciones públicas, gremios de profesionales, organismos internacionales de cooperación y organizaciones de la sociedad civil, para analizarlos juntos y puedan convertirse en acciones y proyectos conjuntos y tengan como resultado una mejor justicia para todos, dijo el presidente del PJ.
Comisión de monitoreo. Para dar seguimiento al cumplimiento de lo acordado, se creará una comisión que además de diez funcionarios judiciales, integrarán Antonio Medina Calcaño, presidente de la Mesa Nacional de decanos; Miguel Surún, presidente del Colegio de Abogados, y Servio Tulio Castaños Guzmán, en representación de la Coalición “Acción para la Justicia y Seguridad”.
Los firmantes. De la Carta-Compromiso son los magistrados Mariano Gemán, Víctor José Castellanos estrella, Radhamés Rodríguez, Fernando Fernández, Leonardo Recio, en representación del Consejo del Poder Judicial. Por la SCJ lo hicieron Julio César Castaños Guzmán, Mirian Germán Brito, Manuel Ramón Herrera Carbuccia,
Igual firmaron los presidentes de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional Julio César Canó Alfáu, Manuel Alexis Read Ortiz, Banahí Báez de Geraldo, Julio César Reyes José, y Francisco A. Pérez Lora.
También los presidentes de los Departamentos Judiciales de Santo Domingo, La Vega, Santiago, San Pedro de Macorís, San Francisco, San Cristóbal, Barahona, San Juan, Puerto Plata, y Montecristi.
Testigos. Firmaron como tales la presidenta de la Corte Suprema de Costa Rica, Zarela Villanueva Monge; el expresidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Dentron, y el magistrado Cecilio Cedalise Roquelme, del Tribunal Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.
El documento fue refrendado por Medina Calcaño, Surún Hernández y Castaños Guzmán.
Justicia abierta. La magistrada Villanueva Monge, conferencista invitada a la Cumbre, abordó el tema “Acceso a la Justicia: Justicia Abierta”.
Afirmó que una justicia abierta “es aquella misión de la administración de justicia que, desde la transparencia, la colaboración y la participación dialogante con la ciudadanía y las instituciones afines al Poder Judicial, permite satisfacer las necesidades específicas de todas las personas”.
Es decir, que la administración de la justicia tiene que ser un instrumento para el desarrollo humano, enfatizó.
Independencia Judicial. Fue el tema de la conferencia que dictó Cedalice Roquelme, el otro orador invitado.
En su opinión, el ejercicio efectivo de la independencia judicial “solo depende de la entereza, aplomo y firmeza” de quien porta una toga, sostiene un mallete y cuenta con la investidura de la magistratura.
Afirmó que un juez que emita un fallo basado o influenciado más allá que por sus conocimientos, razonamientos y la gestión y actuación contenida en un expediente judicial, “pierde la legitimidad para ocupar un estrado en cualquier Poder Judicial o instancia jurisdiccional”.
Panelistas. Sobre el tema opinaron el magistrado Canó Alfáu; el abogado Juan Francisco Puello Herrera, miembro del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura; Hernández Dentron, y la magistrada Miriam Germán.
Canó Alfau resaltó la necesidad de la descentralización de los servicios jurídicos para que el sistema llegue igualmente a todos, señalando que en el ámbito de la justicia penal, el 80% de los que acceden son personas de escasos recursos.
Puello Herrera, de su lado, dijo que para un efectivo acceso a la justicia en el país hay que superar muchos obstáculos o tener en cuenta algunas realidades que la afectan.
Citó entre esas realidades, las costas de los gastos del proceso, las cuales dijo, a veces se convierten en una carga para los usuarios del sistema; juicios que no tienen gran importancia y a veces no son resueltos pero siguen entrando; y la mora o demora judicial que guarda relación con la situación económica de las partes, y que no se solucionan en un plazo razonable.
Pide Consejo equilibrado. Por su parte, la magistrada Germán, afirmó que un problema para la independencia judicial es el sistema de designación, por tener un alto contenido político, lo cual cree es inevitable;
Sin embargo, consideró que dicho Consejo “no debe estar inclinado a favor de un solo partido político, sino que debe haber un equilibrio”.
Felicitó al presidente de la SCJ por su firme decisión de luchar por presupuesto.