TONY PÉREZ
Con la presencia del padre Rogelio Cruz, sindicalistas y empresarios del transporte público se han reunido al nacer el año no para felicitar a los usuarios por su paciencia jobiana durante el 2006, sino para anunciar un emplazamiento al Gobierno que preside Leonel Fernández. Ahora su justificación es el reclamo de más subsidios.

Pero esa no es una advertencia sólo para figurear en los medios de difusión o para ampliar flotillas de vehículos. Además de económica, es una trama política que apuesta a la desestabilización social proyectada a las próximas elecciones nacionales, aprovechando una coyuntura en la cual el Gobierno presenta por primera vez desde su instalación en el 2004 puntos vulnerables provocados por el desgaste natural en el poder y la adopción de ajustes forzados por el caos económico de la pasada administración.

Pese a profundas enemistades, los chicos super poderosos Ramón Pérez Figuereo, Antonio Marte, Juan Hubieres, Blas Santana y otros han anunciado que posponen su “plan de lucha” y se declaran en “sesión permanente” en espera de una reacción rápida de Palacio.

Pienso que la respuesta oficial a esa cumbre del tormento debe ser de imposición de la autoridad y rechazo al chantaje. Porque algún día hay que comenzar.

Y primero son las autoridades actuales las que tienen que asumir ahora ese desafío porque estamos ante una amenaza del orden público y porque el gobierno dominicano ha sido responsable único del engorde de los toros del transporte público a través de una cadena interminable de exoneraciones que caen a cántaro ante el primer asomo de anuncio de protesta.

Resulta que pese a los miles de millones de pesos y dólares que han derivado del fisco para callar la bulla de los mimados, el transporte público en sus manos jamás ha exhibido un mínimo de decencia. Lo más común en las avenidas de Santo Domingo y otras ciudades importantes es el atropello a los usuarios y las embestidas contra los vehículos privados.

En mis 25 años en la difícil vida capitalina, pocas veces he visto autobuses y autos del transporte limpios y menos con choferes serviciales y con buenos modales. He visto, eso sí, autobuses destartalados con neumáticos lisos y gas licuado como combustible; también choferes agresivos que irrespetan todas las señales de tránsito y hasta los tráficos de la Autoridad Metropolitana del Transporte. He visto, eso sí, choferes que salen de sus guaguas atestadas de seres humanos y blanden colines y armas de fuego contra cualquier usuario o persona particular que reclame sus derechos.

La palabra respeto no existe en el diccionario del transporte de usuarios en República Dominicana. En el de carga, igual: son suicidas en las carreteras.

Sin embargo, no he visto nunca una cumbre de los chicos super poderosos del transporte para analizar y trazar líneas sobre un nuevo sistema de transporte pensado desde las necesidades de los usuarios y al margen de las estrategias partidarias de un determinado partido político que quiera alzarse con el poder. Ni siquiera he visto un letrerito en uno de sus buses donados por el Estado, que diga: “Si no manejo bien, llame a…”

Es como si la responsabilidad de esos empresarios monopolistas se agotara en la gestión de sus medios de transporte. Los seres humanos, obligados a montarse con ellos, son solo una justificación, una carnada. De ahí que el transporte público de pasajeros se haya convertido en un tormento para la población pues cualquier día la toman como señuelo para arrancarle beneficios al Estado.

Si alguna vez le concedieron derecho a transportar seres humanos por las calles y carreteras del país, hace muchos años que esos empresarios lo perdieron. Estas autoridades deben estar alertas con su mano pesada, si no quieren perder espacio popular en la recta final.