POR MARIO MÉNDEZ 
A la República Dominicana le queda mucho camino por recorrer en materia del cumplimiento de las normas ambientales, para evitar que este factor se constituya en un dolor de cabeza para muchos exportadores al momento de incursionar tanto en el mercado de los Estados Unidos, en el marco del DR-CAFTA, como en el de Europa y otras regiones.

En el caso de Europa, su mercado se hace cada más exigente en el cumplimiento de las normas ambientales para sus suplidores, y lo será mucho más en el caso de la República Dominicana, una vez se firme el acuerdo de asociación económica entre los países ACP, de los que forma parte nuestro país, y la UE. Este acuerdo está actualmente en proceso de negociación.

Respecto a Centroamérica, la República Dominicana muestra un evidente rezago en torno al manejo ambiental en el proceso de producción industrial, turístico y agrícola, y esto puede constituirse en un serio problema de competitividad para nuestras exportaciones de bienes y servicios, en perjuicio sobre todo para pequeñas y medianas empresas, ya que parte de las grandes industrias han hecho conciencia del problema y han comenzado a hacer las inversiones que harían más eficiente su proceso productivo en lo que respecta al impacto ambiental.

Tras la firma del DR-CAFTA, la diferencia para que un producto o servicio dominicano pierde o gane el mercado frente a la competencia, estaría en si las normas ambientales son o no cumplidas en el proceso de producción.

El capítulo 17 del DR-Cafta compromete a los firmantes a garantizar “que sus leyes y políticas proporcionen y estimulen altos niveles de protección ambiental”.

Y deja explícita la importancia de fortalecer la capacidad para proteger el ambiente y promover el desarrollo sostenible en conjunto con el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversión.

Al incluir el aspecto ambiental, el DR-Cafta trata de enmendar lo que ocurrió con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), que con su aplicación se evidenció la necesidad de hacer respetar las normas ambientales de las naciones compromisarias.

Los productores e industriales del país, para poder aprovechar el mercado de Estados Unidos tendrán que hacer una mayor inversión en tecnología y en el pago a empresas para que les certifiquen el cumplimiento de las normas ambientales en el proceso productivo, lo que incrementará el costo de producción.

En el caso del sector agrícola, se ha planteado que existe el riesgo de que, en busca de competitividad, los productores intenten recurrir al uso intensivo y desmedido de los recursos naturales.

Asimismo, en un mundo en que crece de la cantidad de destinos turísticos que cuentan con certificaciones internacionales sobre cumplimiento de las normas ambientales, también se impone que el turismo dominicano eleve sus niveles de cumplimiento de la legislación ambiental.

Exigencias del DR-CAFTA

El DR-CAFTA incluye disposiciones para asegurar el cumplimiento de las leyes relacionadas al medio ambiente, y requiere a los países firmantes que respeten los tratados medioambientales multilaterales y que acuerden no debilitar sus leyes ambientales.

En su artículo 17, compromete a los países miembros a cumplir y mejorar su legislación ambiental, quedando vinculados, de forma ineludible, a los acuerdos que tienen en común, como son el Acuerdo de Cooperación Ambiental, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especiales Amenazadas de Fauna y Flora, y los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente, etcétera.

Específicamente, en el artículo 17.2.2, establece que “las partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de las protecciones contempladas en su legislación ambiental interna”.

El DR-CAFTA crea, a nivel ministerial, el Consejo de Asuntos Ambientales como punto de contacto para la República Dominicana en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que debe llevar a cabo el trabajo del Consejo.

El Consejo deberá reunirse dentro del primer año, luego de entrar en vigencia el tratado, y una vez al año después de esta primera reunión.

El DR-CAFTA es el primer tratado de libre comercio en la historia que incluye un mecanismo que ofrece al público, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales, la oportunidad de impugnar las actividades o a los individuos que no estén cumpliendo con los reglamentos ambientales.

Esto representa un gran reto para los exportadores de bienes y servicios que buscan aprovechar las oportunidades que ofrece el tratado de libre comercio.

Según lo define el DR-CAFTA, cada uno de los países firmantes del tratado asume la obligación de aplicar efectivamente su propia legislación.

En términos sustantivos, esta obligación no aporta nada nuevo a la obligación genérica que tiene cada parte de aplicar la Ley.

La importancia de lo acordado en el DR-CAFTA reside en la posibilidad que tiene una Parte de acudir al mecanismo de solución de controversias del tratado para reclamar la no aplicación efectiva de la legislación interna de otra Parte, cuando la acción o infracción afecte el comercio entre las partes.

A pesar de esos retos, la República Dominicana todavía no está aprovechando adecuadamente los mecanismos de cooperación que contempla el DR-CAFTA para fortalecer el cumplimiento de las normas ambientas.

La mayoría de los países centroamericanos ya han recibido apoyo financiero y de asistencia técnica para impulsar mecanismos que contribuyan a minimizar el impacto sobre el medio ambientes de los procesos productivos.

Además, en los países centroamericanos ya se han creado centros de producción limpia, que integran a un conjunto de instituciones, entidades y empresas públicas y privadas, interesadas en promover el mejoramiento del desempeño económico y ambiental del sector productivo en cada uno de esos país.

Incluso, Nicaragua, el país más pobre de Centroamérica, tiene su Centro de Producción más Limpia, el cual cuenta con certificación internacional.

Este centro, como los demás que existen en Centroamérica y otros países de América Latina, brinda soluciones técnicas de forma eficaz a las empresas, que satisfacen las necesidades relacionadas con la productividad, competitividad y mejora del desempeño ambiental.

Básicamente, los objetivos de estos centros son: 

Ofrecer productos orientados a mejorar la productividad, competitividad y mejora del desempeño ambiental de nuestros clientes.

Mejorar de manera continua el desempeño para garantizar la calidad en la prestación de servicios.

Mejorar continuamente los procesos internos implementando un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2000.

A través de los Centros de Producción limpia los países buscan demostrar la acción responsable de un sector empresarial que contribuye al desarrollo sustentable.

Dadas las altas exigencias de un mercado como el norteamericano o el europeo, la estrategia exportadora debe contar con un enfoque basado en la cooperación público-privada. En este marco se encuentran los Acuerdos de Producción Limpia.

Las consecuencias para el sector exportador de aplicar producción limpia son claras y positivas: permite certificar que en la elaboración de los productos que ofrece, se están cumpliendo estándares ambientales incluso más exigentes que los establecidos en las normas.

La República Dominicana todavía no cuenta con un Centro de Producción Limpia, lo que constituye una señal de que el país está a la zaga en la creación de los instrumentos que aseguren el cumpliendo de las normas ambientales, para que esto se constituya en un factor a su favor en la competencia por los mercados internacionales en el marco de los acuerdos de libre comercio.

Acuerdos multilaterales

Como parte de los esfuerzos para que los países firmantes del DR-CAFTA cumplan con lo acordado en materia ambiental, ya se produjo el 14 de abril en San Salvador una primera reunión entre las autoridades de Medio Ambiente del país anfitrión, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

Representantes de los gobiernos de esos países habían suscrito el 18 de febrero del presente año en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, un Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), en cumplimiento de lo acordado en el DR-CAFTA, así como una Carta de Entendimiento relativa al establecimiento de una Secretaría de Asuntos Ambientales.

Tanto la Carta de Entendimiento como el Acuerdo promueven prácticas ambientales sanas -la Carta mediante el establecimiento de un marco para la cooperación en materia de protección ambiental, y el Acuerdo mediante la institución de un mecanismo para fomentar la implementación de las provisiones del DR-CAFTA.

El 7 y 8 de abril los puntos de contacto de la región se reunieron para elaborar un primer borrador del Plan de Trabajo del ACA, el cual fue presentado a las autoridades ambientales durante la reunión del 14 de abril.

En esta reunión se destacó la importancia que los Estados Unidos otorga a la presentación del Plan de Trabajo del ACA por parte de la región, sobre todo ahora que se ha introducido el CAFTA al Congreso estadounidense.

La cooperación

Los siete países que forman parte del DR-Cafta, a través de sus organismos correspondientes, trabajan en el diseño de instrumentos para hacer cumplir las leyes ambientales.

Entre sus avances están el Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), que tiene como objetivo establecer un marco para la cooperación entre las partes, y la constitución del Consejo de Asuntos Ambientales, con la función de supervisar los avances en la implementación del capítulo ambiental del acuerdo comercial.

Esos organismos nacionales también trabajan en el establecimiento de una Secretaría y de una Comisión de Asuntos Ambientales.

El ACA persigue el “fortalecimiento de los sistemas de gestión ambiental de cada una de las partes, incluyendo el fortalecimiento de los marcos institucionales y legales”, y la capacidad para desarrollar y aplicar la legislación y las políticas ambientales.

También favorece el desarrollo y promoción de incentivos y otros mecanismos voluntarios y flexibles a efecto de promover la protección ambiental, incluyendo el desarrollo de iniciativas de mercado e incentivos económicos para la gestión ambiental.

Otros aspectos que contempla el ACA son el fomento de las asociaciones para tratar temas actuales y futuros de conservación y gestión ambiental, la conservación y manejo de especies migratorias compartidas y que se encuentren en peligro de extinción y sean objeto del comercio internacional, y el manejo de parques marinos y otras áreas protegidas.

El ACA busca homologar las legislaciones ambientales “para que el aspecto ambiental no se convierta en un obstáculo al comercio”.

Aunque ese acuerdo, como un instrumento subsidiario del DR-Cafta, fue remitido al Congreso dominicano para su ratificación, ese Poder del Estado no lo ha conocido.

El DR-Cafta es una buena oportunidad para que el país fortalezca sus capacidades de aplicación de la legislación ambiental vigente, promoviendo un proceso de desarrollo económico ambientalmente responsable.

El texto negociado  no implica modificaciones en nuestro marco jurídico actual, en lo que respecta al medio ambiente y los recursos naturales; se establece el compromiso de los países firmantes  de hacer una implementación efectiva de ese marco.

El DR-Cafta también establece el compromiso de cada país de establecer una estrategia de educación e información nacional con relación al tema ambiental énfasis hacia los industriales, productores y exportadores.

Es tarea de primer orden lograr que el sector productivo conozca la importancia de cumplir con las regulaciones ambientales en el marco del DR-CAFTA.