El jurista Julio Cury manifestó ayer que debe modificarse el numeral c) del párrafo II del articulo 5 de la ley NO.491-08, sobre el procedimiento de casación, que prohíbe el ejercicio de ese recurso contra las sentencias al considerar que estas no excedan de 200 salarios mínimos.

Expresó que ese obstáculo constituye un elemento discriminatorio  que aunque tiene por propósito descargar de trabajo a la Suprema Corte de Justicia, esta dando lugar a condenaciones abusivas.

Cury agregó que “los jueces de fondo, en lugar de relatar, como exige la ley, los hechos y circunstancias de los cuales infirieron la existencia del perjuicio, de ofrecer los motivos particulares en merito de los cuales fijan la indemnización, están imponiendo caprichosamente condenaciones por debajo de dos millones   de pesos, consientes de que de ese modo sus decisiones escapan del control de la casación”.

Asimismo dijo que algunas cortes de apelación no presentan elementos virtuales de los cuales no forman su convicción ni valoran de forma concreta los daños sufrido por las victima para que se justifiquen esa indemnización a la vez que califico la corte de Pedro de Macorís de “aberrantes y vergonzosa”.

Así se expresó el  jurista al ser  entrevistado en el Comando de Campaña del Partido Revolucionario Dominicano, luego de participar en una rueda de prensa del Consejo Asesor Presidencial, del cual es miembro.

  Sostuvo que esos tribunales, para evitar que sus sentencias sean examinadas por la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, fijan deliberadamente la condenación por debajo del límite de los 200 salarios mínimos, que es el que dispone la Ley No. 491-08, y añadió que aunque esas decisiones caracterizan el vicio de insuficiencia de motivos y de base legal, no es posible recurrirlas en casación.

El asesor del Ing. Hipólito Mejía, finalizó “Pienso que ese obstáculo económico es perturbador para la buena administración de justicia; contra ningún fallo debería impedirse el recurso de casación, que es el más importante del sistema, ya que determina si la ley fue bien o mal aplicada por los tribunales ordinarios.