El abogado Julio Cury presentó hoy los tiquetes de avión que supuestamente demuestran que Hipólito Mejía, su hijo Felipe y el general Carlos Díaz Morfa, salieron de Ciudad México a Culiacán, Sinaloa, como una de las pruebas en contra del sometimiento por difamación que presentó el ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) al senador de Peravia, Wilton Guerrero.

De acuerdo a los tiquetes presentados por Cury, dichas personalidades salieron a las 3:45 de la tarde del 14 de febrero, de Ciudad México a Culiacán, Sinaloa, en el vuelo 6166D de la línea aérea Copa Airlines, retornando a las 7:50 de la mañana, del 16 de ese mismo mes, por Aeroméxico en el vuelo 289D.

Asimismo, Cury mostró la factura fiscal A0200100100007326, emitida el 31 de enero, por Copa Airlines, por un valor total de RD$157 mil 941.14 pesos, probatoria, según el abogado, de que dichos pasajes fueron pagados por la empresa Agrocentro, SRL.

El jurista explicó que en el proceso que se le conocerá al senador Gerrero por la comisión del delito de difamación, al ex mandatario no le corresponde establecer de qué manera hizo el viaje, sino que es el imputado quien debe probar la veracidad de la imputación por la cual fue acusado ante la Suprema Corte de Justicia.

Aclaró que el artículo 37, literal a, de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, prohíbe probar la verdad del hecho difamatorio cuando la incriminación hecha concierna a la vida privada del querellante.

Al participar en el programa Aeromundo, Cury reiteró que la versión dada a la publicidad por Guerrero, en el sentido de que Mejía habría hecho ese viaje en un avión piloteado por una persona vinculada supuestamente al Cartel de Sinaloa, es una invención mendaz, de baja estofa, por lo que en este caso la difamación adquirió sus netos perfiles.

Sostuvo que Mejía viajó a Sinaloa para participar en una Feria Agroalimentaria a la que fue invitado, en la cual se reunió con importantes empresarios de México, entre ellos Juan Carlos Marroquín, dueño del Grupo Nestlé, y el magnate Carlos Slim, propietario de la telefónica Claro-Codetel en el país.

El abogado del ex mandatario adelantó que es socialmente conveniente que se le imponga una sanción al imputado, porque de lo contrario los mercenarios de la dignidad ajena, que desgraciadamente no son pocos en este país, se sentirán a sus anchas para atentar impunemente contra el honor y buen nombre de que todos somos acreedores de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, expuso.