El abogado Julio Cury declaró que probablemente procedía el archivo de la querella que por lavado de activos presentara Guillermo Moreno contra el doctor Leonel Fernández, pero consideró que al haberse ordenado sin que el Ministerio Público realizase ninguna investigación para descartar la ocurrencia de los ilícitos imputados, se justifica la sospecha de que se trató de una decisión política.

Explicó que de acuerdo con el artículo 281 del Código Procesal Penal, si un imputado no puede ser considerado penalmente responsable, procede el archivo. “Sin embargo, el Ministerio Público se inclinó por la tesis de que los hechos atribuidos al ex mandatario no estaban penalmente tipificados, poniendo así en tela de juicio el archivo dispuesto en su favor”.

Al comparecer al programa Aeromundo que produce el periodista Guillermo Gómez por Color Visión, el reconocido jurista dijo que el informe de que presentó la Cámara de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto general del Estado del 2012, “es un amasijo voluminoso de las ilegalidades administrativas en que incurrió el anterior gobierno para cerrarle el paso a Hipólito Mejía y permitir que no pocos funcionarios se enriquecieran”.

Acusó al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, de haber incurrido en falsedad de escritura pública al asumir, sin poder escrito de Leonel Fernández, la representación del Estado en una serie de adendas a un contrato de concesión cuyo precio habría aumentado considerablemente.

Sostuvo también que renovó esa concesión por el 200% del plazo de vigencia convenido originalmente, con lo cual habría violado la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, que “excepcionalmente lo permite por el 50% del plazo contractualmente estipulado, siempre y cuando se demuestre que con ello se beneficia el Estado y los contribuyentes”.

Le solicitó al presidente Medina desterrar la impunidad. “Sea cual fuere el precio que exija ese objetivo, hay que pagarlo, porque en un país pobre como el nuestro es un crimen imperdonable el saqueo de su patrimonio, y que personeros rapaces e inescrupulosos se valgan de la función pública para hacerle coca al escaso patrimonio nacional, que es de todos”.