La conjunción de un asesinato, aún sin esclarecer el móvil y generales de quienes lo cometieron, y el avance en la construcción de un rudimentario canal privado en la parte haitiana del río Masacre, ha provocado otra tensión fronteriza entre República Dominicana y Haití. El epicentro de la tensión se registra en Dajabón, sede del más importante mercado binacional. Del asesinato se ha derivado la recurrente barbarie de algunos desaprensivos que, con hechos o amenazas, expulsan de la zona a reales o supuestos haitianos. Para detener la construcción del canal, el Gobierno dominicano ha sobredimensionado el hecho, diciendo que viola el tratado sobre las aguas fronterizas.

El Gobierno ha sobreactuado, inició con una movilización militar y de equipos mecánicos en Dajabón y siguió con una convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional para “tomar las acciones necesarias para proteger los intereses de la nación”, alegando que una toma de agua en la parte haitiana constituye una violación al tratado de 1929, que prohíbe se hagan obras que desvíen el curso de los ríos fronterizos. Pero resulta que esta interpretación es bastante polémica pues, según informa la orden Jesuitas en Dajabón, nuestro país tiene 11 tomas de esas aguas. Por consiguiente, el reclamo del Gobierno debió plantearse en primera instancia en la Mesa Hídrica Binacional.

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En ese espacio podrían encontrarse fórmulas para llegar a un acuerdo entre las partes, tomando como referencia la información de los jesuitas y de otras fuentes

Y así se aplicaría el espíritu de justicia contenido en el Tratado. El cierre de la frontera penaliza gravemente el pequeño comercio bilateral, y a los pobres de ambos países que viven del mercado. Las loables iniciativas y discursos para “desarrollar la frontera” de nada servirán si ante hechos de limitada y a veces inexistente relevancia tocamos los tambores de guerra para “defender la nación”. Pocos querrán vivir ni invertir en una zona constantemente en tensión.

En el caso del asesinato de miembros de una familia en Loma de Cabera, un llamado “comité defensor del pueblo” sin ningún examen exhaustivo sobre el hecho, ni de parte suya ni de las autoridades competentes, se lo atribuye a una supuesta banda haitiana y con la amenaza de “sangre por sangre” dice que irá a avisarle, casa por casa, a las familias de haitianos, reales o supuestas para que abandonen la zona. Una expresión de barbarie que afecta la imagen país. Insistimos, la soberanía nacional no está en peligro pero si la solución a la crisis haitiana depende básicamente de un decidido involucramiento internacional, entonces ayudaría enfrentar situaciones como las vividas por Dajabón como por Loma de Cabrera, si evitamos las tensiones transfronterizas.