El 39 % de las escuelas públicas en Puerto Rico que fueron cerradas hace cinco años han sido adjudicadas o concedidas para otros usos, como lavado de autos, vandalismo y algunas aún cuentan con servicio de luz.

Así lo reveló este jueves la Oficina del Procurador del Ciudadano, mejor conocido como el Ombudsman, tras realizar una investigación e inspección en los años 2017 y 2018 de las escuelas cerradas.

Para dicha pesquisa, participaron los 18 investigadores de la Procuraduría del Ciudadano, quienes visitaron e inspeccionaron unas 400 escuelas cerradas en la isla, un 94 % de ellas, según se informó en un comunicado.

El desglose revela que, de 181 escuelas cerradas en 2017, se visitaron 169 planteles o un 93 %; y de 223 escuelas cerradas en el 2018, se visitaron 212 para un 95 %.

Entre los hallazgos encontrados por los investigadores y asuntos que requieren la atención de las agencias gubernamentales, están que aún 30 escuelas en desuso continúan con el servicio de agua y otras 32 con servicio eléctrico.

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Ante ello, se investiga si el Departamento de Educación realizó la solicitud de baja de estos servicios, como parte de los protocolos establecidos para los cierres de escuelas, o si las agencias pertinentes no han realizado dichas desconexiones.

“También, se ha identificado el uso indebido en algunas de estas escuelas, utilizando los servicios básicos para el lavado de autos, bañar caballos y conexiones ilegales desde las instalaciones”, indicó García.

“Estos servicios que aún continúan conectados representan un impacto de miles de dólares para Puerto Rico en servicios de agua y luz sin contabilizar”, afirmó el Ombudsman.

Se identificaron más de 25 de estas escuelas en desuso y que impiden el acceso por estar en aparente control y ocupación de personas para actividades criminales.

Los salones, así como canchas escolares, se usan para aparentes actividades delictivas, almacenamiento de vehículos sin tablillas y desmantelamiento de los mismos.

También, se encontraron personas sin hogar viviendo en estas escuelas, así como individuos con aparente dependencia de sustancias controladas que podrían requerir ayuda para tratamiento. Los investigadores encontraron además expedientes y tarjetas de estudiantes, así como tarjetas de ponches de empleados, con direcciones y números de identificación y hasta documentos con números de seguro social.