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LAGO AGRIO, Ecuador (AFP).- La población de las provincias amazónicas ecuatorianas de Sucumbíos y Orellana, que protesta desde el 15 de agosto contra las petroleras extranjeras y provocó la suspensión de las exportaciones estatales, cedió el domingo una tregua al gobierno para conversar en Quito.
«Concedimos una tregua para conversar en Quito con las autoridades gubernamentales, pero el levantamiento de la huelga depende de los acuerdos a los que lleguemos», dijo por teléfono a la AFP la prefecta de Orellana, Guadalupe Llori.
«La tregua se dio porque se cumplió la primera condición nuestra, la liberación de los dirigentes detenidos, y analizamos cómo vamos a trasladarnos a Quito para las conversaciones», agregó Llori, también vicepresidenta de una asamblea que convocó al paro en Orellana y Sucumbíos, principales centros petroleros ecuatorianos.
El último viernes fueron arrestados el prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, y el alcalde de Lago Agrio (capital de esa provincia), Máximo Abad.
Ambos fueron liberados por la Policía de Lago Agrio el sábado por la noche y el domingo, en medio de la tregua, también sostenían reuniones para definir la agenda para los diálogos en Quito.
Los dirigentes anunciaron que en las conversaciones participarán la iglesia Católica y el Consorcio de Consejos Provinciales de Ecuador (Concope) para buscar una solución al paro.
La tregua calmó los ánimos de los manifestantes, que esta semana atacaron con violencia la infraestructura petrolera al punto que la estatal Petroecuador tuvo que suspender sus exportaciones, de 144.000 de los 201.000 barriles por día (b/d) que produce normalmente. Las pérdidas eran cuantificadas hasta en 500 millones de dólares por el gobierno.
Al filo de la medianoche del sábado, el ministro de Gobierno (Interior) y Policía, Mauricio Gándara, indicó que un mediador le comunicó que los líderes de la huelga habían «decidido deponer el paro». Pero la dirigencia de la huelga amazónica negó esa posibilidad.
Gándara dijo que el Ejecutivo proporcionará el transporte a los líderes de las protestas amazónicas, para reunirse en Quito.
Mientras, el ministro de Defensa, general (r) Oswaldo Jarrín, dijo que continuará en vigencia un estado de emergencia decretado por el gobierno nacional el miércoles, ante la grave situación desatada por los disturbios y que derivaron en una «emergencia económica» para el país.
«El estado de emergencia continuará y no se suspenderá mientras no se establezca la normalidad en todas las actividades de las dos provincias», manifestó Jarrín, quien el sábado visitó las zonas en conflicto.
«Aspiramos que sea una reunión feliz (la de Quito) para que lo más pronto posible podamos levantar el estado de emergencia», apuntó.
La fuerza pública había despejado carreteras y accesos a campos petroleros, que progresivamente empezaban a operar, así como estaban habilitados los aeropuertos de Lago Agrio y El Coca (capital de Orellana) tras ser tomados por los huelguistas.
«La evaluación es de una recuperación del control en todas las vías», señaló el ministro de Defensa.
La población amazónica reclama a las petroleras extranjeras el asfaltado de 200 km de carreteras y recursos para programas de desarrollo, además del uso de mano de obra y servicios locales.
Debido a la huelga, la producción de las empresas petrolíferas extranjeras se redujo de 344.000 barriles por día (b/d) a 150.000 b/d, con tendencia a la baja. La de Petroecuador cayó, a su vez, de 201.000 b/d a cero, por lo que el jueves tuvo que suspender todas sus exportaciones (144.000 b/d).
