MANAGUA. AFP.  El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, logró su objetivo de derribar el último obstáculo a su deseo de ser reelecto en 2011, gracias a una decisión de la Corte Constitucional tildada de «emboscada» por la Justicia y de «golpe de Estado» por sus opositores.

 Magistrados afectos a Ortega, aparentemente sin que se enteraran sus pares liberales, emitieron la noche del lunes un fallo que declara «inaplicable» el artículo 147 de la Constitución que prohíbe la reelección presidencial continua, lo que permitiría a Ortega postularse en los comicios de 2011.  Ortega dijo que la cuestionada sentencia «es inapelable», porque «está escrita en piedra», y en tono irónico llamó a los líderes opositores a que «se tranquilicen, que no se ahoguen en un vaso de agua».

 «¿Cuál es el miedo? En las elecciones el pueblo es quien va a decidir. Tengan un poco de calma, esperen al 2011», dijo Ortega en medio de aplausos de seguidores congregados en el auditorio de la Casa de Los Pueblos, la antigua casa presidencial en Managua.

 La sentencia ordena al Consejo Supremo Electoral (CSE) certificar que el presidente Ortega puede participar de las elecciones nacionales de 2011 y que los alcaldes y vicealcaldes pueden participar de las municipales de 2012.  Los jueces pertenecientes al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) acogieron un recurso de amparo de Ortega y 109 alcaldes sandinistas contra el impedimento constitucional vigente desde 1995.  Ahora falta saber si este fallo es irrevocable o no. Según los magistrados de la Corte Constitucional ya no se puede cambiar, pero según la oposición política, la palabra está en los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que sí podrían revocarla.

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“Emboscada”

El presidente de la CSJ, Manuel Martínez, tildó la decisión de la Corte Constitucional de «emboscada» al Poder Judicial ya que los magistrados sandinistas no convocaron a sus pares de tendencia liberal.  El ex presidente del Parlamento y constitucionalista Cairo Manuel López dijo que los magistrados sandinistas «cometieron exceso de poder» al pronunciarse sobre un tema sobre el que solo el Poder Legislativo está facultado.