Hoy 
Pasaron los tiempos en los que la obra de gobierno del presidente Danilo Medina se mantenía en los más altos niveles de aceptación. Desde inicios del 2017 el respaldo de los dominicanos y dominicanas al gobierno de Medina cae de manera brusca, sostenida y, por ahora, irreversible.
Terminado el atolladero electoral de mayo del 2016 el mandatario tenía una aceptación del 73%, colocándose como el presidente mejor valorado de la región, según la encuesta CID-Gallup.
Las mediciones sobre niveles de popularidad han sido herramientas fundamentales en la estrategia de comunicación del Gobierno y de su proyecto reeleccionista. Pero de enero del 2017, junto con el surgimiento y desarrollo de Marcha Verde, cada nuevo estudio solo evidencia el progresivo distanciamiento entre la obra de Medina y los intereses de la ciudadanía.
En febrero del 2017 la Gallup-Hoy medía la valoración del Gobierno en 62.7%, una caída de casi 11 puntos en menos de un año.
Para julio del 2017 la revista española de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) indicaba que el apoyo de la gente al Gobierno andaba por el 52%, lo que ya representaba una caída de 21 puntos con respecto a la medición que se hiciera pública en mayo del año anterior. El dramático descenso fue verificado por la Gallup-Hoy en noviembre de 2017, cuando la encuesta del periódico Hoy refería a un 51%. Estos números eran inéditos para el oficialismo y para todo el país, pues con más de cuatro años al frente del Poder Ejecutivo la imagen de Danilo Medina se mantenía como la más sólida e inquebrantable de todo el sistema político dominicano (estudios de la misma oposición confirmaban las publicaciones favorables impulsadas desde Palacio). Varios analistas habían llegado a decir que el presidente Medina de alguna forma sostenía sobre los hombros de su popularidad las columnas de un sistema de partidos desprestigiado y sin nuevos horizontes.
Al inicio del 2018, y especialmente después del discurso de rendición de cuentas del 27 de febrero, era de rigor observar y analizar los niveles de aceptación con los que Medina arrancaba el nuevo año. Los resultados de la Gallup-Hoy del 21 de marzo no dejaron espacio a dudas. Valorado positivamente solo por el 45% de la población, el desempeño del gobierno de Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) está en su peor momento, con una caída sostenida de 28 puntos en poco más de un año.
La causa principal
Las causas del descalabro de la aprobación ciudadana al gobierno de Danilo Medina no están en la economía, porque no han ocurrido cambios importantes en la dinámica económica nacional; ni en la inminencia de una profunda crisis social o política que muchos anuncian sin que termine de llegar; ni en el surgimiento de proyectos políticos diferentes, pues la oposición completa está por debajo del oficialismo en cuanto a la aceptación y la confianza de la gente. Mucho menos se debe asignar esta responsabilidad al normal desgaste de la gestión peledeísta.
De enero del 2017 a enero del 2018 el nuevo elemento o fenómeno que ha condicionado a todos los actores del escenario político dominicano y ha colocado sobre la imagen del presidente Danilo Medina y su gobierno un nuevo cristal o encuadre de valoración se llama Marcha Verde. El destape del escándalo de Odebrecht, el surgimiento y la permanencia del movimiento coinciden totalmente con los picos de caída de la aceptación del Gobierno. Pero este efecto no se debe a los cuestionamientos y denuncias directas que Marcha Verde ha hecho al mandatario y al Gobierno, sino a un radical cambio de contexto en el que el oficialismo perdió por más de doce meses el control absoluto de la agenda pública; el sistema de resonancia financiado con fondos públicos cayó en un profundo descrédito; y el presidente de la República, acostumbrado a emitir mensajes en ambiente controlado y con bajísimos niveles de riesgo, no ha podido dar respuesta a las inquietudes, reclamos y aspiraciones ciudadanas motivadas y movilizadas por la Marcha Verde por más de un año. Los cerca de RD$10 millones diarios que el Gobierno gasta en publicidad y los otros tantos que sirven para financiar a bocinas de los diferentes niveles no pudieron sacar de la cabeza y de los corazones de la ciudadanía las dudas y cuestionamientos que iban surgiendo con la aparición de nuevos datos del caso Odebrecht, con las desacertadas reacciones oficialistas y el más que evidente contubernio de la élite económica, religiosa e intelectual que se expresó en la nefasta comisión de Punta Catalina. El cambio de contexto, especialmente, ayudó a pensar y valorar desde perspectivas no controladas por el Presupuesto la realidad de otros problemas mal gestionados por el Poder Ejecutivo, como la crisis de los hospitales, la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida o las demandas de respeto al medio ambiente y los recursos naturales. Casi al cierre del año, bajo el impulso de un sector del PLD, también entró abruptamente a la agenda el tema de la inmigración haitiana, a la que el Gobierno tampoco puede darle una respuesta efectiva. La consigna del Fin de la Impunidad se ha constituido por más de un año en un marco para la entrada de diferentes demandas ciudadanas equivalentes que antes de Marcha Verde estaban silenciadas por los medios y totalmente abandonadas por la oposición política, cuya única iniciativa pública después del 16 de mayo del 2016 ha sido la discusión de las reformas políticas y electorales que el PLD parece negado a ceder.
¿Por qué no basta?
Quienes observan la caída de los números de Danilo Medina y su gestión con la esperanza de que se abra por inercia la puerta de un cambio político en los próximos meses o en el 2020 pondrían estar obviando, peligrosamente, gran parte de la realidad. El descenso del oficialismo no necesariamente significa un ascenso de un proyecto de oposición alternativo al existente, ni una propuesta de país que despierte nuevas emociones y adhesiones ciudadanas. Lo que está pasando, según todos los estudios recientes, es que los votantes se están desvinculando cada vez más de los partidos políticos, y el PLD, inmensa maquinaria de robo, impunidad, violación de derechos y perversión de las instituciones, es el que sigue generando mayor certidumbre en los diversos sectores de la población. En el caso de la élite económica esta relación de conveniencia se acentúa todavía más, porque se trata de negocios, privilegios y hurtos empresariales institucionalizados a cambio de protección recíproca. La Comisión de Punta Catalina es una síntesis de la actitud de una cúpula empresarial que en este momento prefiere proteger al Gobierno antes que abrir el más mínimo espacio a la incertidumbre, “al caos”, a la “caída del sistema”, a la reducción de la certeza que sostiene sus grandes privilegios.
Con o sin reelección, la campaña electoral ya inició. En el PLD hay un solo proyecto posible, la continuidad, y cuenta con un colchón financiero construido en sus más de trece años consecutivos de apropiación de los bienes públicos. Este colchón también se alimenta diariamente del Presupuesto Nacional y está protegido por un marco institucional legitimado por élites nacionales e internacionales. Y así seguirá hasta las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2020.
En otras palabras, sentarse a esperar o movilizarse para que la caída de la popularidad del gobierno de Danilo Medina y del PLD se traduzca por inercia en un cambio político importante en República Dominicana parece una tarea poco productiva. No hacen falta denuncias, calificativos, pruebas, escándalos, altoparlantes o pancartas para demostrar que Danilo Medina y el PLD forman parte del proyecto político que más daño ha provocado al pueblo dominicano en las últimas décadas. Esos elementos abundan y seguirán multiplicándose en el imaginario colectivo con el paso de los días. Como dice un admirado y querido compañero y maestro, el régimen bota pus por donde sea que lo punchen. Pero enmarcar, denunciar, impugnar al “malvado” no basta para mover a la gente en un sentido de cambio. Es uno de los recursos más fáciles y limitados de todos los tiempos, porque ignora el peso de la realidad material y de la ponderación de intereses que puede hacer el más humilde de los ciudadanos.
En República Dominicana está pendiente diseñar, construir y materializar un proyecto político y social alternativo al PLD, a sus políticas económicas y sociales de desmonte del bien común. Lo más importante de un proyecto de este tipo es que no sirve para nada si está colocado sobre papeles, en artículos de opinión, en los comandos de campaña de los partidos o en sus planes de alianzas salvadoras. Un proyecto de cambio solo se puede concretizar si sus propuestas, sus rostros, sus valores y sus garantías de certidumbre están tatuados sobre el corazón y la mente de la mayoría de la población, incluyendo a sectores que, aunque no lo suscriban, puedan aceptarlo, convivir con él y beneficiarse después del triunfo. De cara al 2020 una tarea de esta magnitud debería ser la prioridad de todos los hombres y mujeres que apuestan, por lo menos, al inicio del cambio. Queda, insisto, muy poco tiempo.
