El 10 de noviembre publicamos el artículo “Danilo: Competitividad y Política” resaltando que en agosto 2015 Medina emitió el Decreto 237-15 creando la “Iniciativa para la Productividad y la Competitividad Nacional” (IPCN) exclusivamente como parte de su reelección, pues durante su vigencia de más de dos años nunca convocó una reunión de trabajo sobre competitividad.
El Decreto 389-17 sustituyó al 237-15 y, por fin, este 4 de diciembre Danilo, remedando el título de la obra de Marcel Proust, “En Busca del Tiempo Perdido”, juramentó los miembros del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y su Consejo Consultivo (CC), realizó la primera sesión ordinaria de trabajo y promulgó su Reglamento, con el Decreto 429-17. A Danilo debería causarle rubor que una ley tan importante como la 1-06, de enero 10 del 2006 se aplique después de 11 años, 10 meses y 26 días, con un atraso imperdonable de prácticamente tres períodos gubernamentales, dejándose de celebrar unas 140 reuniones de trabajo mensuales. !Por algo se desplomó nuestro Índice de Competitividad!.
El Decreto 393-17 modificó al 389-17, incorporando al Consejo Consultivo un prestigioso empresario y corrigiendo el nombre de otro.
El Artículo 3 del Decreto 389-17 dice: “El Ministro de la Presidencia y el Ministro de Hacienda integrarán el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) como parte de los representantes del sector público.” Aparte de ellos, también se juramentaron: el Ministro Administrativo de la Presidencia, de Economía Planificación y Desarrollo, de Turismo, de Agricultura, de Industria y Comercio y el Director del CEI-RD. Danilo amplió por Decreto los Ministerios integrantes del CNC contemplados en la Ley 1-06, para llevarlos a 7. La representación oficial, incluyendo al Presidente de la República, es de diez personas, en lugar de ocho señalados por la Ley.
Es criticable que Danilo no aprovechara el reciente Decreto 393-17 para cumplir con el literal i) del Artículo 6 de la Ley 1-06, que indica que los ocho miembros del sector privado del CNC deberían “…ser personas de reconocida experiencia…” en múltiples áreas, mencionándose la “…pequeña y mediana empresa…” conocidas como MYPYMES, incluyendo las microempresas.
Como no soy abogado, FINJUS pudiera aclarar si conformar el CNC excluyendo las MIPYMES viola la Ley 1-06, y si las decisiones del CNC, siendo una entidad de Derecho Público serán “de jure” o “de facto”. No hay razones jurídicas ni ideológicas para dejar fuera las MIPYMES. Con esa exclusión Danilo desecha las prédicas de Bosch, quien siempre planteó un desarrollo económico-social teniendo como protagonistas todos los estratos de la vida dominicana. Ese concepto de desarrollo multi-clasista reflejado en las obras de Bosch se profundizó en la Tesis de la Dictadura con Respaldo Popular, no compartida por muchos.
En nuestro sistema social de mercado el alto empresariado encarna, legítimamente, el liderazgo económico, bajo regulación estatal. La participación protagónica del gran capital es imprescindible y necesaria, pero no es necesaria y suficiente. Debe complementarse con las MIPYMES. El desarrollo dominicano será policlasista o no habrá desarrollo.
Danilo mal interpreta la Ley 1-06, impregnándole un cariz aristocratizante al CNC, en abierta pugna con la ideología integradora de Bosch, a quien Danilo proclama como su líder. La ciudadanía valora positivamente y no recrimina aquellos empresarios que han hecho su fortuna con décadas y hasta centurias de trabajo tesonero, pero reprocha el apoyo gubernamental a la creación de ricos hechos al vapor, apropiándose de fondos públicos y que Boquechivo caracterizó en el emblemático personaje “Tulio Turpén”. Bosch llamó tutumpotes a los adinerados en sus campañas electorales de épocas remotas y ahora Danilo parece sentirse más a gusto alternando con los herederos de aquellos, que con los representantes de las MIPYMES, cuyos miembros son sucesores de quienes enarbolaron la consigna boschista, ya descartada, de “vergüenza contra dinero”. No existen razones políticas ni económicas para marginarlas MIPYMES. Al contrario, sobran argumentos positivos para promoverlas. Sobreponiéndose a circunstancias adversas, son las mayores creadoras de empleo productivo, hacen un gran aporte al PIB y representan un elemento clave de desarrollo humano y equilibrio social en territorios del país donde viven los más pobres. Fortalecen la promoción social, la unidad familiar y contribuyen a la erradicación de la violencia y la delincuencia. Desarrollando las MIPYMES, conjuntamente con grandes corporaciones, viviremos en paz social y armonía productiva.