El presidente Danilo Medina fue bastante claro, preciso y categórico cuando describió su postura de estadista frente al caso de corrupción en el cual se ha incriminado el consorcio brasileño Odebrecht, al admitir que pagó sobornos por US92.0 millones durante el periodo 2001-2014 para la obtención de contratos de obras en la República Dominicana.
Actuando como el principal defensor de la institucionalidad, el mandatario garantizó que en el caso citado, y en cualquier otro, el procurador Jean Alain Rodríguez, tiene plena potestad, capacidad e independencia para investigar y actuar sin ningún tipo de limitaciones. Y dio garantías a todo el pueblo dominicano de que aquel que haya incurrido en este esquema de actos ilícitos será sometido a la justicia.
Creo que Rodríguez se ha desempeñado con independencia y determinación en el caso de marras. Pero, más allá de estas garantías, ¿qué podía decir el presidente Medina? Está claro que el gobernante y Rodríguez esperaban la decisión favorable del juez Alejandro Vargas a la homologación del acuerdo con Odebrecht, pero el magistrado lo desautorizó argumentando que la conciliación no aplica en esta materia compleja, actitud que demuestra la independencia del Poder Judicial y asesta un rotundo mentís a las aseveraciones reiteradas de que el Gobierno del PLD controla la judicatura.
Ante tal adversidad, el procurador Rodríguez ha señalado que la sentencia solo retrasará unos días el proceso judicial para penalizar a Odebrecht, pero no impedirá que sobornador y sobornados sean castigados como manda la ley.
Creo que el tópico medular del affaire estriba en que la oposición especuló la hipótesis de que Medina rehusaba referirse al tema. Ha sido lo contrario. Lo ha desnudado como un entramado corrupto de cuello blanco, sin espacio en su Gobierno, porque “no hay vacas sagradas”.