El presidente Danilo Medina inauguró su segundo período gubernamental con un balance bien optimista de su pasada gestión y un rosario de promesas que en su mayoría son reiterativas de las formuladas hace 4 años, convencido de que está realizando una revolución transformadora de la sociedad dominicana.

El discurso presidencial no configura los cambios fundamentales que demanda la oposición política y la sociedad civil con un pacto político-social por la institucionalidad democrática, nuevo modelo de desarrollo que promueva la producción y exportaciones, que contenga los déficits fiscales, el endeudamiento y el clientelismo y sancione la corrupción.

Optimismo provindencialista. Aunque fue desbordante, con tonos providencialistas, garantizando el éxito «mientras yo esté aquí», es comprensible el optimismo con que el mandatario habló al país presentando un buen legado de realizaciones, muchas de las cuales son indiscutibles, como los avances en infraestructura, especialmente en construcción de aulas, Jornada Escolar Extendida, el 911 capitalino y el crecimiento y la estabilidad económica, entre otros.

Su mayor cercanía con la población, su gran dedicación al trabajo y su honradez personal que lo aleja de acumulación de riquezas son cualidades que se le han reconocido, no así su pretensión de haber sacado de la pobreza a más de 900 mil personas, incrementando la política clientelar expresada en subsidios y en las nóminas públicas.

Solo en el Gobierno central el pago de remuneraciones se incrementó en 94 por ciento, pasando de 79 mil 43 millones a 153 mil 047 millones de pesos, desde finales del 2011 a fin del 2015, como estimó Participación Ciudadana.

Ha sido generalizada la advertencia de que el discurso de esta semana fue repetitivo de promesas formuladas en el 2012, documentado hasta con citas en el digital de Diario Libre, pero también debe convenirse que implica reconocimiento de que el Gobierno debe priorizar más la seguridad ciudadana, la calidad de la salud y la educación, y el caos y alto costo del transporte y la circulación vial.

De buenas intenciones. El presidente Medina formuló un rosario de buenas intenciones personales, con gran apreciable cantidad de importantes obras viales, un sistema integrado del transporte, plan nacional de seguridad vial, el «cuatrienio del agua», red única de servicios de salud, plan integral para superación de la pobreza extrema, mayor atención a la calidad de la educación y hasta reducir a la mitad las pérdidas de la energía.

También prometió programas especiales para adolescentes, jóvenes, envejecientes y personas con discapacidades.

Pero si fue minucioso en programas como el de incentivos a la vivienda y el transporte público, evadió señalar cómo financiará una transformación tan grande en cuatro años más, que la nueva generación «no recordará en unos años la República Dominicana que dejamos atrás», llegando a proclamar que promueve «una generación que no sabrá lo que es el hambre». Aunque reconoció que la mayoría de las instituciones públicas tienen el mismo presupuesto que en el 2011.

Habló de sentarse a discutirlo con la sociedad, pero sin avanzar nada ni mencionar el «Pacto Fiscal», desechado al inicio de su primer Gobierno.

El mandatario volvió a manifestarse vigilante del buen uso de los recursos públicos y «del lado de la gente honrada», pero se quedó más corto que en el 2012 en medidas concretas para la transparencia, la austeridad en el gasto y la persecución de la corrupción.

Evade pacto político-social. Otros vacíos notables en el discurso inaugural del período fue sobre el reclamo de un pacto político social por la institucionalidad democrática que han formulado un conjunto de organizaciones sociales, incluyendo a las mayores del empresariado, y la demanda de una reforma político-electoral del conjunto de los partidos de oposición.

Tal como dijo Participación Ciudadana, el Presidente «desperdició la oportunidad de reconocer a las fuerzas políticas de oposición y sus legisladores y de tender puentes de entendimiento tras las heridas dejadas por el desigual y abusivo proceso electoral que dio origen al nuevo mandato».

Es obvio que los peledeístas siguen orgullosos de sus repetidos triunfos electorales y del dominio de todas las instituciones estatales y de muchas de las privadas. No pueden entender que la oposición haya quedado resentida del aplastamiento de que fueron víctimas en un proceso electoral turbio en la organización y el arbitraje, con escrutinio caótico, y de una campaña en la que se abusó sin límites de los recursos estatales.

Para entender la dimensión de la inequidad basta saber que el partido oficialista recibió un subsidio legal de 429 millones de pesos, mientras el principal partido de oposición, cuyo candidato obtuvo 35 por ciento del voto, solo recibió 12 millones de pesos, suma que el Gobierno gastaba cada día en publicidad reeleccionista, que además incrementaba en más de 50 millones mensuales el gasto en miles de empleados temporales para tareas políticas.

La inversión pública también fue usada políticamente, por ejemplo con dos mil millones de pesos mensuales en asfalto, y casi todos los ministros y altos funcionarios dirigieron la campaña en cada provincia, más una legión de más de dos mil comunicadores pagados con las nóminas y la publicidad estatal.

El dilema de Danilo. Si este es el segundo y último período de Gobierno de Danilo Medina y nunca más, como dice su Constitución, y como las recaudaciones fiscales apenas alcanzan para el gasto corriente y pago de la deuda, está compelido a buscar mayores recursos para realizar siquiera una parte de los sueños que expuso este 16 de agosto y para que su gloria no se esfume con el advenimiento de otra generación.
Intentarlo solo con los que hacen las leyes y su partido y aliados, no parece buena inversión política ni arrojaría los frutos necesarios.

Tiene solo dos caminos: proseguir la alocada carrera del endeudamiento, que en este cuatrienio demandará otros doce o 15 mil millones de dólares, para dejar la deuda pública sobre los 50 mil millones de dólares, manteniendo los presupuestos de la mayoría de las instituciones a nivel del 2011, y los salarios con el poder adquisitivo del 1991.

El otro camino es un incremento significativo del ahorro y de los ingresos fiscales, con el Pacto Fiscal que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, para lo cual tendría que entenderse con una Sociedad Civil organizada que intenta retomar las energías participativas de los noventa.

Manifiesta disposición a mayor contribución fiscal, pero si se desmonta el Estado clientelar, de minifundios económicos-políticos y corrupción sin sanción. Y ha dicho que primero es fundamental recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo diagnosticado por el informe Attalí, por el que Leonel Fernández pagó un millón de dólares hace ya casi una década. Y ha planteado un pacto político social.

Por lo menos, Danilo tendría que reducir ese Estado clientelar y corrupto para empezar a trocarlo, siquiera parcialmente, en un Estado productivo, que genere sus propias energías financieras. Tiene una prueba inmediata, en la elección de los titulares de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, cuyo período concluyó el 16 de agosto. Son precisamente de las instituciones que deben recobrar la confianza ciudadana. Y si persiste en la imposición y dominación partidaria, habrá que prepararse para la repetición histórica nacional, ahora: «Danilo siempre».