República Dominicana está en una lista de países que preocupan al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por que en un sector importante de sus economías predomina la informalidad. Muchos ciudadanos son económicamente activos y poseen bienes, pocos en unos casos, más en otros casos, pero carecen de títulos de propiedad o ejercen una posesión o una labor débilmente documentada.

En la mayoría de los casos no podrían ser sujetos de crédito en la banca formal ni están integrados a programas que les sirvan de apoyo para crecer, diversificarse y beneficiarse de políticas de producción y mercadeo.

No encajan en el sistema económico moderno y se marginan de la tributación, las estadísticas y de otras estructuras importantes como son los recursos judiciales y la seguridad social.

La informalidad de los “indocumentados” del sector productivo nacional crea dispersión y ocultamiento. Impide conocer el tamaño real de la economía, sus principales características, fallas y aciertos.

El país reclama programas que rescaten de la marginación legal al pequeño propietario. En ese ámbito hay de todo: desde el ciudadano que lleva mucho tiempo ocupando un predio estatal sobre el cual ya tendría derechos y no reclama, hasta quienes provienen de un pasado rural en que se podía ser propietario sólo con decirlo y que los vecinos dieran su anuencia.

La informalidad también es una forma masiva de huir de los tentáculos de los recaudadores. La falta de equidad y eficiencia de mecanismos burocráticos que tratan de cebarse en el contribuyente pequeño, mientras el grande escapa, propicia continuamente que muchos comerciantes y artesanos de menor cuantía prefieran las sombras y el secreto.

La crisis surgida en el 2003, seguida por el arribo al Estado de autoridades muy estrictas, hizo crecer el sector informal. Puso a muchos micro-empresarios a sacarle el cuerpo al Estado.

Segregación

Hay otras formas de caer, y quedarse por mucho tiempo, fuera del orden y el desarrollo de la sociedad que niega oportunidades porque no está preparada para absorber a ciertas personas que llegan repentinamente.

El exconvicto que Estados Unidos repatria con tanto rigor, no está pasando de ser un paria.

En la oleada de migrantes con antecedentes negativos abundan los individuos que estuvieron condenados por delitos de drogas.

Otros fueron reos de faltas diversas y menos trascendentales.

La reinserción en este medio de personas con pasados de quebrantamiento de la ley es extraordinariamente difícil.

Esa población de exconvictos no para de crecer en un país que antes de que se intensificara el flujo de repatriados ya tenía problemas serios con la delincuencia, y en el que se reconoce que la falta de oportunidades para jóvenes marginados es una de las causas de las conductas antisociales.

La ausencia de programas que absorban a los exconvictos para conducirlos a labores productivas en las que sus antecedentes dejan de constituir un problema, crea un gran riesgo para la colectividad. No es cuestión de ficharlos al llegar y ya.

Hay que trabajar con ellos de 8:00 de la mañana  a 5:00 de la tarde para encontrar sus aptitudes y limitaciones, mientras se les procura un medio de ingreso. Es imprescindible que sean productivos, como asalariados o como trabajadores independientes.

Algunas experiencias indican que bajo algún régimen de seguimiento, muchos exconvictos pueden ocupar plazas en zonas francas y el turismo.

Si dominan el inglés, cosa que se da con frecuencia, les es más fácil abrir puertas.

El Estado debe hacer acopio de informaciones y de trabajadores sociales, sicólogos y otros orientadores que desarrollen un programa de readaptación de los dominicanos repatriados, que cada día forman una legión más numerosa y que mayormente son víctimas de una segregación.