La delincuencia ha ido logrando que con frecuencia muchos ciudadanos se sientan acorralados por el miedo, un auge atribuible en alguna medida a una descomposición social que las instituciones de la propia sociedad no han podido evitar a través de la preservación de valores y de oportunidades para  la juventud  por educarse y trabajar. A los daños que en vidas humanas y costos materiales causan los malhechores se ha sumado la reacción desmesurada, tanto en  acción como en  discursos, que emerge de liderazgos que se sitúan  en favor de represiones que se equiparen en brutalidad e ilegalidad a la actuación de los criminales.

Hablamos específicamente  de diputados que en traición a sus compromisos con el orden constitucional  abogaron por más y discretas ejecuciones sumarias de sospechosos a manos de la Policía. Y hablamos también del  jefe de la Policía   que  se pronunció contra la entrega pacífica de un perseguido  que antier fue acribillado cuando parecía inminente su rendición; ahora impedido de declarar sobre el   móvil del asesinato que se le atribuía. Hecho  que queda sin un eslabón  clave para llegar a la verdad. Ninguna drasticidad policial debe salirse del cauce de ley. La violencia  sin límites  puede tocar a los   justos. Recordemos al sacerdote José Tineo, muerto en 1998 en un exceso de agentes    policiales. La ley puede y debe ser fuerte pero quienes la aplican no tienen derecho a ir contra ella.

Más atención a las provincias

Ya era tiempo. Algunas zonas muy  deprimidas del país,  de las que muchos habitantes han emigrado huyendo a una pobreza sin remedios, deben su situación a las preferencias de los gobiernos por concentrar la inversión y el gasto en las ciudades mayores, sobre todo en Santo Domingo, lugar  de proyectos fabulosos por sus costos como el Metro, y pocos significativos por el alcance geográfico y demográfico de sus servicios. Fantástico volumen de recursos que hubiera sido suficiente para cambiar favorablemente en un par de años  la suerte de la educación o para empezar a  sacar de su vida miserable a cientos de miles de familias fronterizas que necesitan viviendas económicas, caminos,  puentes, electricidad, hospitales y apoyo estatal para sembrar, crear rebaños y desarrollar pymes. El anuncio de que las zonas   de peor situación económica recibirán  mayor atención presupuestaria este año, marca un cambio que saludamos.