Eufóricamente se pregonan problemas que se proclama aquejan los países, perjuicios ocasionados por los gobiernos; las sociedades, a menos que se confundan como el caso de Colombia, no se auto infringen daños; dentro de las condiciones propias de su entorno, procuran espontáneamente equilibrar sus relaciones para convivir armónicamente; sólo cuando las confunden predestinados mesías, que proclaman soluciones a males creados adrede, para luego pregonan su disposición a resolverlos, se presentan los desequilibrios sociales, siendo los gobiernos mismos los promotores, mediante el conflictivo arrebato de intereses políticos partidarios, para presentar consabidas y gastadas promesas de solución a crisis sui generis, que ocasionan las directrices gubernamentales, arrastrando atávicas miserias.

Hoy la República Dominicana se encuentra inmersa en una de esas crisis típicas, crisis económica que el régimen se ha autoinfringido, al incurrir en gravosos e innecesarios endeudamientos, evidente dilapidación de recursos ajenos, que toma para gastarlos sin control ni medida y sin que exista posibilidad alguna de una recuperación, al no ser destinados a inversiones rentables, sino empleados en mantener un opulento sistema, agradar adeptos y recabar influencia política. Es la conducta que observan todos los regímenes, endeudan y comprometen su administración gubernamental en los países donde actúan, al extremo de sobrepasar la escuálida capacidad de absorción de gastos que puede soportar una sociedad pobre y subdesarrollada, luego surgen proclamas para resolver los problemas creados, como si cada nación se inmera perjuicios a sí misma y no se los ocasionaran gratuitamente sus gobiernos, al incurrir en conflictivos e innecesarios gastos estatales.

Así anda Estados Unidos, recuperando su maltrecha economía mediante la reactivación de su destructiva industria armamentista, una nación pletórica de recursos benéficos, con una población altamente productiva y arraigada a indiscutibles principios morales, basados el trabajo y el respeto a la dignidad personal, ahora inmersa en una cárcel dentro de su amplio territorio, por disposición de su gobierno que le compromete a una guerra de consecuencias imprevisibles. Argentina, dueña de pletóricos recursos, sufre hambre y escasez por causa de sus gobiernos; Venezuela, con grandes riquezas naturales, es juguete de cada gobernante que elige, el cual no tarda en crearle un clima de incertidumbre y diatribas.

No alcanzan a comprender las poblaciones que los problemas internos los ocasionan sus gobiernos; si lo entienden, no hacen nada para evitar que aventureros políticos innecesariamente sumerjan las naciones en problemas de puro interés político-económico, porque nada justifica que un país como la República Dominicana, después de ser una sociedad estabilizada, haya de sufrir un retroceso brutal, una crisis como la que enfrenta, crisis que no la ocasiona la ciudadanía, la cual se ha dedicado a construir infinidad de torres y edificios en las ciudades, crear innumerables negocios en todo el país, establecer bancos y entidades financieras, solventes y acreditadas aquí y en el exterior, para fuego ser catalogada nación de dudosa solvencia. Eso no lo ocasiona la población, la sociedad dominicana es laboriosa y formal, el sector privado ha dado muestras fehacientes de hacendosa responsabilidad; evidentemente, los problemas los ocasiona el gobierno, dilapidando recursos que no produce y acopiando por la fuerza un incosteable presupuesto o ley de gastos públicos que, lejos de ser herramienta de desarrollo, no es mas que cofre de gastos superfluos y dádivas, prebendas y empleos improductivos para mantener costosas e innecesarias influencias políticas.

El mundo debe comprender, -parece estar tomando conciencia- que los regímenes políticos son una trampa; la organización de una sociedad, limitada o extensa, se establece y mantiene con sólo ejercer y conservar el orden y la justicia. Si existe justicia igual para todos, el orden se impone por sí solo. Para ello no es necesaria la algazara política de los partidos, ni el estado de sitio que impone un régimen fiscalista y policial, basta con que la sociedad se aferre al mandato de la ley, dirigida a mantener estabilidad, justicia y orden, para lo cual cada ciudadano tiene innata vocación de guardián, trata de preservar el derecho propio y el respeto al derecho ajeno, las instituciones estatales, administradoras de las leyes, operan sin que precisen de una centralizada y corrupta dirección gubernamental, como pretenden justificar las dictaduras, sometiendo las poblaciones a onerosas cargas impositivas que les mantienen en la incertidumbre y la miseria.

Es propicia la ocasión, de unas nuevas elecciones que se presentan en lo inmediato, para dar específico mandato a los que resulten electos, un programa único: reducir el Estado a su mínima expresión. A quien no acepte ese mandato no se le debe dar el voto.

Hay que erradicar de una vez por todas los vestigios de la inminente tiranía que se sigue apoderando de los recursos de la población para dilapidarlos en dádivas y francachelas políticas, la Ley de Gasto Público no ha de exceder, en ningún caso, 1% de del Producto Bruto del país y ningún gobierno puede estar autorizado a obtener recursos adicionales por medio alguno; la Nación está obligada a honrar sus deudas enajenando las propiedades estatales, los gobiernos no son para administrar bienes, su única misión es mantener el orden y la justicia, limpio el crédito nacional, la ley ha de ser escuela y específica: quien preste a un gobierno lo hace por cuenta propia y a su propio riesgo, la ciudadanía no puede cargar con deudas que no asume ni autoriza.

Las sociedades han de estar conscientes que son esquimadas, como mansas ovejas, por regímenes que se autoproclaman pastores.