La Organización Mundial de la Salud reconoce en la “Declaración de Toronto Para la Prevención Global del Maltrato a las Personas Mayores” -2002- que ese tipo de vulneración a los derechos no estaba en la agenda de los organismos internacionales. La realidad obligó a incluirla.

Las investigaciones demuestran que el maltrato existe tanto en los países desarrollados como “en desarrollo”. Entre el 4% y el 6% de las personas mayores que habitan el planeta ha sufrido alguna forma de abuso y maltrato. La Declaración define el maltrato – físico, emocional, sexual, financiero- como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produzca daño o angustia a una persona anciana.”

Rosy Pereyra Ariza, la primera geriatra dominicana, aprovecha que en este mes se conmemora el “Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez”, establecido por disposición de la Asamblea General de NNUU, en el año 2011, para recordar los datos de un estudio realizado en el país, por el Centro de Apoyo Aquelarre con el auspicio del Fondo de Población de las NNUU y del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. El resultado conmueve. Produce escalofríos.

El 91% de las personas mayores ha padecido violencia emocional, el 32% confiesa violencia física, el 24 % ha sido víctima de negligencia, el 11% reportó violación. La encuesta- 2010- incluyó 600 personas, 56% mujeres y 44% hombres, la edad de 65 a más de 85 años. La investigación fue nacional. El 64% de las personas entrevistadas reside en la zona urbana.

Severa. Sin reparos, la especialista relata, cuenta, denuncia. Arriesga clientela porque está lejos del encubrimiento fatal, tan frecuente, que permite la permanencia de los problemas, la ausencia de soluciones. Regresó al país en el año 1983 – luego de concluir sus estudios especializados en Londres- y el recuento que hace, 31 años después, no es nada halagüeño. Va más allá del resultado de la encuesta.

Orgullosa creadora del Instituto del Abuelo, institución dedicada a “promover el envejecimiento productivo y saludable”. Entidad que propició la discusión y redacción del anteproyecto que se convirtió en la Ley 352-98 sobre Protección de la Persona Envejeciente. En sus 51 artículos están las premisas para la convivencia e inclusión eficiente y respetuosa de esa población vulnerable que “no puede ser objeto de discriminación alguna en razón de su edad, salud, religión, credo político o razones étnicas”. Prescribe que “la familia, la comunidad, el Estado tienen el deber de garantizar, con absoluta prioridad y efectividad, la protección de los derechos relativos a la vida, la salud, la alimentación, la recreación, la cultura, el respeto de su dignidad, libertad, y convivencia familiar y comunitaria.”

Escuchar a la geriatra, estremece. Acongoja y espanta. Ella intenta transformar los hechos. Quiere oídos.

El maltrato contra las personas mayores se hospeda debajo del zinc y del techo de yagua, campea en el pent house y cerca del jacuzzi, en el salón vip y en el callejón. La ilusión, ese soñar una sociedad que no es, aunque queramos, aspira respuestas complacientes, la repetición del “Santo Domingo no problem”. Es difícil inventar la felicidad cuando la iniquidad impera, cuando a la consulta llega el adulto mayor amoratado y, asustado, tartamudea su penar. Porque si, porque la imagen del abuelo regordete y juguetón, rodeado de una prole solícita, cariñoso y apreciado, se esfuma cuando comparte el testimonio tembloroso del abuso. La estampa de la abuela sabia, reverenciada por la parentela, se escapa por la ventana del dolor cuando cuenta, humillada, la quiebra, la agresión, el encierro, la desconsideración que sufre. Cuando detalla cómo, consanguíneos y colaterales, aquellos que recibieron su arrullo, desvelo y solidaridad se turnan para el pellizco y el grito, el empujón y la estafa. Envejecer es inevitable, el maltrato no. Después del escalofrío se impone la acción.