En el manejo de  cuentas públicas, la falta de transparencia estimula la percepción de que algo indebido y que ofende la ética se está practicando. Por esa causa, por ejemplo, provoca suspicacia que un funcionario público -lo mismo da que sea electo o designado- se resista a prestar declaración jurada de sus bienes, o que al poco tiempo de ocupar un cargo exhiba un cambio muy notable en su estatus socio económico. En cualquier dependencia del Estado, la existencia de nóminas paralelas,  nominillas, o barrilitos difíciles  de justificar, corresponde a una práctica que entra en fricción con la ética y se presta a usos indebidos de los recursos públicos.

Las muestras sobran. En el Senado se ha dispuesto la cancelación de parientes y allegados de senadores que cobraban sueldos con cargo a un denominado  barrilito que no tiene razón de existir. La cancelación trató de causar la impresión de que esa  práctica era desconocida para quienes deben fiscalizar estos asuntos, hasta que un programa de televisión difundió lo que ocurría. En el ayuntamiento de Santiago, el descubrimiento  de una nómina social ha puesto en confrontación las versiones del síndico y regidores, sin que ninguna de las partes pueda justificar su existencia. No hay manera de evitar que estos  actos  alimenten la percepción de la población de que hay manejo  indelicado de los recursos del Estado.

Nuestra política migratoria

El país tiene que hacer un esfuerzo para definir una política migratoria que le permita conocer con precisión el estatus de cada extranjero radicado en territorio nacional. Aunque la penetración de extranjeros indocumentados es difícil de controlar, es necesario esforzarse para crear medios de detección más efectivos. Cada vez es mayor el número de extranjeros prófugos de la justicia de sus países o de otras naciones que se radican aquí con documentos falsos o sin ningún documento.

Además de mejorar nuestro cruce de información con el resto del mundo en materia migratoria y judicial, necesitamos hacer un censo actualizado de extranjeros que residen en el país y bajo cuáles condiciones jurídicas. No podemos permitir que nuestro territorio se convierta en el refugio predilecto de gente perseguida en el exterior o que se haya fugado de cárceles. La inmigración tiene  un carácter de seguridad nacional que debemos atender.