LUIS SCHEKER ORTIZ
La denuncia que hace el conocido abogado Luis Vilchez González, especialista en Derecho del Trabajo, (“El Alguacil de Embargos Temerarios”, Hoy-30-11-2006) sobre los abusos y excesos cometidos por ciertos alguaciles, no tiene desperdicios. “Me mató el gallo en la funda” me dije al concluir su lectura, habiendo pasado recientemente por una experiencia traumática.

Pero no. Al distinguido colega le faltaba el capítulo que se le olvidó a Cervantes, para hacer la historia completa: Tales excesos no se limitan al ámbito de las funciones del Alguacil. El estado de indefensión y de impotencia al que de pronto es sometido el embargado, abatido por esa fauna jurídica, no tiene un único responsable.

El abuso de autoridad y de poder que viene causando y ha causado estragos en quienes son víctimas de inarrables atropellos no es sólo de su autoría. Una gran sensación de impotencia e inseguridad jurídica se ha venido apoderando del empresariado-empleador con el ejercicio abusivo del artículo 539 del Código de Trabajo al ejecutar sentencias, como también de los abogados que litigamos en desventajas con abogados inescrupulosos creyendo en aún en la ética, en el respeto a la ley y a la legitimidad del debido proceso.

Todo esto es cháchara. Pura literatura para quienes, siendo “auxiliares de la Justicia”, se colocan por encima de la Ley, del bien y del mal y abiertamente vulneran todos los derechos e ignoran, olímpicamente el mandato de la Justicia a la que, de hecho, denigran y deshonran.

Existe un estrecho contubernio entre alguaciles y abogados igualmente inescrupulosos.

Y he aquí donde es preciso completar la narración y rescatar la historia de la desvergüenza, para jerarquerizar y poner en su debido puesto a los responsables de tanta felonía, poniéndole la tapa al pomo: No sólo son los alguaciles los causantes del descrédito y deterioro de la justicia y mucho menos del ejercicio de la profesión.

En todos estos actos judiciales de pillaje y bellaquería el alguacil actúa a requerimiento de…Es sólo un instrumento en manos de una figura dominante, intelectualmente responsable que es su verdadero mandatario escudado en la persona de su cliente: El abogado perteneciente a esa mala clase que el Dr. Porfirio Hernández Quezada bautizó con el legítimo sobre nombre de “Mau-mau”.

Son los terroristas del Derecho. A ellos nada les intimida. Todo le es lícito, importándole un comino la Ley, la Justicia y el Derecho. El respeto y la consideración que merece el Alma de la Toga que nunca penetró en su corazón de mercenarios.

Porqué existen y gozan de algún prestigio esta mala especie, los terroristas del Derecho?.

Busquemos a los culpables, como diría nuestro Poeta Nacional, sin delegar culpas.

1ro. La vergonzosa deformación profesional que reciben los que anteponen la moral y la decencia a sus espurios intereses, donde el Código de Etica no forma parte de su acervo jurídico o humano; 2do. La ausencia de una autoridad firme, austera, decidida, que se haga respetar sin dilación ni vacilaciones, asumiendo el carácter que le impone su sagrado magisterio al servicio de la Justicia. 3ro. La pasividad de los afectados que, temerosos e impotentes, aceptan resignadamente, como precio de su tranquilidad, la extorsión y el chantaje. Y así no puede ser.

Preciso es que tomemos un nuevo derrotero, par no seguir siendo “víctimas de sus maquinaciones”.

a) La Suprema Corte de Justicia, el Colegio de Abogados y la Fiscalía, que tienen el poder disciplinario y la autoridad legítima, tienen que amarrarse los cinturones y ejemplarizar con sanciones condignas a los impostores.

b) Las organizaciones de sociedad civil deben aumentar su presión en ese sentido y mostrar el papel que debe asumir la ciudadanía con un mayor grado de confianza y credibilidad en las instituciones.

c) Los abogados, que aún creemos en el derecho, debemos mejorar el gremio, la colegiatura y dar pasos al frente con continuas denuncias y acciones, para desplazar y desenmascarar a los farsantes.

d) La clase empresarial y cada empleador víctima de estos atropellos debe reaccionar con mayor energía y determinación para ponerle coto a tantos desafueros.

Nada perjudica más la imagen del país, el clima de inversiones y el Estado de Derecho que debe garantizar la seguridad jurídica, la paz social y del bienestar que la impunidad en que se mueven quienes violan constantemente el santuario de la Justicia, desafiando el orden jurídico, aprovechando la pasividad y permisibilidad de sus instituciones.