Hasta ahora las acciones investigativas que se anunció ejecutará la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el país sobre las causas que dieron con el fallo de los equipos electrónicos usados en las elecciones municipales del 16 de febrero se circunscriben a la auditaría técnica de los equipos automatizados, por lo que el establecimiento de culpables estaría limitado a lo que se pueda encontrar en estos aparatos.

Hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente de la Junta Central Electoral (OEA), Julio César Castaños Guzmán, firmarán el acuerdo de auditoría que, tal como anunció la OEA el 21 de febrero, analizará «el proceso de voto automatizado, completa y vinculante en torno a sus resultados, con los mismos estándares de calidad técnica y rigor profesional, tal y como sucedió recientemente en Bolivia, a efectos de deslindar responsabilidades«.

Si observamos el informe que emitió la OEA sobre las elecciones de Bolivia del año pasado, allí se estableció que:

«las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave».

En dicho informe la OEA encontró las siguientes prácticas fraudulentas:

• Alteraciones de las actas y la falsificación de las firmas de jurados de mesas.
• El procesamiento de los resultados se redireccionó el flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral (TSE),
• Falta de resguardo de las actas y pérdida de material sensible

Pero finalmente correspondió al Ministerio Público boliviano someter a la justicia a los funcionarios involucrados, incluso al expresidente, Evo Morales, al exvicepresidente, Álvaro García Linera, y a los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce.

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La situación podría ser similar a la ocurrida con el caso ODEBRECHT, en el que investigaciones de otros países señalaban presuntas culpabilidades de dominicanos por supuestamente haber recibido soborno, pero finalmente fue el Ministerio Público dominicano quien decidió a quiénes procesar y elaboró el expediente acusatorio.

La auditoría que se anuncia no incluye investigar a las personas que tuvieron acceso a los equipos en cuestión, ni interrogarlos. En el caso de que se llegue a establecer que hubo «manipulaciones dolosas» en los aparatos de votación, habría que esperar si le será posible a la OEA deslindar a los responsables sobre dichos actos.

Se recuerda que la OEA en el comunicado en que informó su disposición de realizar la investigación  solicitada por el gobierno dominicano estableció:

«Desde la perspectiva de la Misión de Observación Electoral de la OEA y con base en la información preliminar proporcionada por el Jefe de la misma, el ex Presidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hasta el momento no existen evidencias que indiquen un manejo doloso en el uso de los instrumentos electrónicos diseñados para la votación automatizada.»

Aquí se refería al informe de la misión que había observado el proceso de elecciones del 16 de febrero. Además de la OEA, en la auditaría también participará la Unión Internacional de Organismos Electorales (UNIORE), cuyos observadores participaron en las elecciones municipales.

Antes de firmar el acuerdo con la JCE, el secretario genreal de la OEA se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, para la realización de la enmienda al acuerdo de la OEA y el Gobierno dominicano, relativo a los privilegios e inmunidades de los observadores de las elecciones municipales, presidenciales y congresuales.