En estos días hay que  hacer un gran esfuerzo para evitar que la centrífuga de la política se lo trague todo, y nos olvidemos de que este país está plagado de problemas que, por desgracia, seguirán ahí sin importar quien sea el próximo Presidente de la República. Eso vale para los apagones, que se han recrudecido en los últimos días, la inseguridad ciudadana, que cada día nos da nuevas razones para el sobresalto, o la corrupción  y su compañera de cama la impunidad, que hoy se exhibe con distintos ropajes pero tan voraz e insaciable como siempre. Y si paro de contar es porque no acabaría nunca, y  me quedaría sin espacio para comentarles sobre la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CIDH) de que se elimine definitivamente  el viejo modelo penitenciario. En un documento depositado en la Procuraduría General  de la República el doctor Manuel María Mercedes dice que urge resolver la grave problemática que representan las viejas cárceles, donde no solo hay hacinamiento  sino que desde sus recintos “se fomenta y facilita la formación de grupos criminales que dirigen acciones delictivas fuera y dentro de las mismas”. En realidad, nada que no sepamos ya por amarga experiencia, pues las autoridades han sido incapaces de algo tan simple como bloquear las señales de los celulares en los recintos carcelarios. Que asuntos  tan sencillos no se hayan resuelto  solo quiere decir una cosa: el problema de nuestras cárceles no ha sido una prioridad para este gobierno, que por alguna razón no ha querido darle continuidad al Nuevo Modelo Penitenciario,  una de las obras mas resaltables de los gobiernos del doctor Leonel Fernández y el entonces Procurador General Radhamés Jiménez. Y es una gran lástima, porque quienes pagamos las consecuencias  somos los ciudadanos, que no solo debemos cuidarnos de los delincuentes  que andan por las calles dispuestos a  todo sino también  de los que están presos.