Diversas encuestas dan cuenta del peligroso déficit de institucionalidad que disgrega social y políticamente la sociedad dominicana, más de tres cuartas partes de la población dice desconfiar de las principales instituciones políticas del país. Pero, preocupan aún más las reiteradas acciones y actitudes del presidente Fernández que, como Balaguer en su momento, evidencian desconfianza y desprecio hacia las instituciones en que debe descansar  el funcionamiento del Estado.

En cierta manera, Balaguer desmontó los pilares que, a pesar de su debilidad, sostenían la institucionalidad del Estado dominicano que heredó de Trujillo. Con aquél, se inició el actual predominio del sector privado en la oferta de los servicios claves como la salud, el transporte y en la calidad de la educación.

En situaciones de apremios y de agudas tensiones políticas, Balaguer fue reiterativo en creación de comisiones para “tomar medidas” para enfrentarlas e igualmente reiterativo en crear “patronatos” que se solapan y/o sustituyen las funciones de instituciones del Estado para gestionar servicios públicos en la esferas de la salud, la cultura y para dirigir el funcionamiento de grandes obras públicas de infraestructuras.

Además del abandono de la responsabilidad del Estado en la oferta de esos servicios, iniciado durante los mandatos de Balaguer, éste generalizó la práctica  de crear comisiones para resolver temas de carácter público/institucional, arbitrariamente integradas por personas cuyas actividades discurren en la esfera privada. Esto se ha constituido en una nefasta tara del sistema político dominicano y se ha agudizado durante los mandatos del presidente Fernández.

Éste ha sido reiterativo en la convocatoria de “diálogos” y “cumbres”, en determinadas coyunturas, además en la integración de comisiones con personas de la vida privada para enfrentar crisis y/o temas de absoluta competencia de determinadas instituciones del Estado. Como sede muchas de esas iniciativas de su proyecto político/personal ha contado en su “fundación” privada.

Como ejemplo, ante la discusión que generó la violación de la Constitución que hizo el Senado al limitar las atribuciones del TC que deberá formarse antes del próximo 26 de enero, convocó a su fundación privada a  una serie de abogados constitucionalistas para que estos legitimasen con su participación en el debate la creación de comisión para “asesorar” la Cámara de Diputados en un tema que es de absoluta competencia y responsabilidad de dicha Cámara.

Igualmente, en medio de las recurrentes amenazas y chantajes de subir los precios de pasajes que generalmente hace el sector privado que controla casi absolutamente todo el transporte de pasajeros, convocó a  Palacio una serie de empresarios que controlan ese servicio, para ofrecerle una serie de privilegios a cambio de que estos contribuyeran a que no se efectúe el alza.

De nuevo, como herencia perversa, se borran arbitrariamente los necesarios confines entre lo público y lo privado, se recurre a las comisiones y “diálogos” para enfrentar temas políticos en desmedro de la institucionalidad y, como siempre, con la complicidad o la inconsistencia de muchos profesionales  intelectuales que son incapaces de enfrentar un poder que se torna absoluto y que corrompe absolutamente.